A fin de febrero, según los plazos legales vigentes, se cumplirán los 120 días previstos para que el Estado provincial llame a licitación y ponga a la venta las acciones clase "A" de EDECAT, tras la intervención que decretó el 24 de octubre pasado. Hasta el momento, no se tomaron decisiones en este sentido y no se sabe cómo quedará la situación legal de la firma. Una de las cuestiones que aún no se resolvió es si la anterior conducción, a cargo de la familia Taselli, recibirá algún tipo de indemnización tras haber quedado desvinculada de la privatizada.

De acuerdo con el procedimiento de ejecución de la garantía que contempla el contrato de concesión, que el Gobierno eligió para tomar el control de la distribuidora de energía provincial, había cuatro meses para poner a la venta el 51% de las acciones "A", con cuyo producto, en teoría, se indemnizaría a la firma.

Sin embargo, a poco de que ese período se venza, el estatus jurídico de la empresa no queda claro.

Por otro lado, no se resolvieron planteos que hicieron los Taselli: uno por rescisión contractual por culpa de la Provincia; y el otro, objetando el decreto de intervención que firmó el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, por el cual designó cuatro directores.

Una resolución de la jueza en lo Comercial y de Ejecuciones de Primera Instancia y de Primera Nominación, Beatriz Rosa Wagner, de mediados de noviembre, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Provincia, y confirmó la legitimidad de la intervención.

En la sentencia, la magistrada destacaba que los representantes de la Provincia en EDECAT: Sergio Díaz, Oscar Andreatta, José Pablo Gaffet y Horacio Ludueña asumían provisoriamente las funciones de los directores desplazados, hasta que "se materialice la transferencia de acciones clase A".

En el escrito, la jueza Wagner dejó en claro que ratificaba lo decidido por la Provincia, pero le recordaba su responsabilidad "de responder por las costas y daños y perjuicios que se produjesen en el caso de haberla solicitado (a la medida cautelar) sin derecho".

La anterior conducción de la empresa, justamente, objetó el procedimiento decidido por Brizuela del Moral, al considerar que intervino con directores nombrados por una autoridad estatal, en ámbitos de una sociedad regida por el derecho privado.

La intervención a EDECAT fue el corolario a una semana caótica en el servicio, en octubre de 2008, cuando una protesta gremial devino en una inédita crisis en la prestación.

Desde que tomó el control de la firma, el Gobierno trató de implementar un plan de contingencia para hacer frente a los problemas de servicio, que aún persisten.