Los padres biológicos de los siete niños que eran prostituidos en el departamento de San Martín fueron condenados ayer al mediodía a 20 años de prisión cada uno. En el debate quedó comprobado que ambos entregaban a sus hijos a cambio de mercadería y dinero. 

Un amigo de la pareja recibió una pena de 19 años al ser hallado culpable de también haber participado de los vejámenes, según indicaron fuentes judiciales.

Los miembros de la Segunda Cámara del Crimen dictaron sentencia pasado el mediodía. En el fallo entendieron que el hombre de apellido Barroso y su esposa abusaron sexualmente de sus hijos durante años y los "ofrecieron" a terceras personas.

El Tribunal, conformado por los jueces Viviana Morici, José del Pópolo y Armando Martínez, dio por acreditado que la pareja usaba a sus siete hijos menores para tener prácticamente un prostíbulo en su propia casa. Para eso se valieron de muchos elementos probatorios que salieron a la luz durante el juicio.

El abuso sexual fue agravado por el vínculo para la pareja. De allí la diferencia de un año en la pena respecto del tercer involucrado "ya que no era familiar de las víctimas sino amigo personal de los victimarios", indicó una fuente judicial a este diario.

Estremecedor

El estremecedor caso salió a la luz a la prensa en octubre de 2013, cuando los pequeños tenían entre 3 y 14 años de edad. 

Una de las vecinas de la familia se percató de parte del drama que vivían los niños puertas adentro luego de que la adolescente de 14 años le contara que estaba lastimada, por más que esa señora ya tenía sospechas de que algo ocurría en esa vivienda.

La mujer llevó a la adolescente al hospital Perrupato de San Martín, donde se constató que presentaba lesiones propias de los abusos sexuales a los que era sometida desde hacía muchos años. 

Desde el hospital Perrupato notificaron a la Justicia de San Martín y los padres de los siete menores quedaron detenidos de manera inmediata.

Según trascendió en el momento de la detención, la pareja no sólo ofrecía a sus propios chicos para que tuvieran relaciones con sus amigos y con "clientes" -a cambio de lo cual solicitaban préstamos o mercadería- sino que los obligaba a tener sexo entre ellos.

A casi dos años del descubrimiento de los aberrantes hechos, los niños permanecen bajo el cuidado de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), asistidos por familias sustitutas.

Las hijas más grandes, que ahora tienen 15 y 13 años, contaron que esto ocurría desde hace más de cinco años, es decir, desde los primeros grados de la escuela primaria.