La Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante local decidió solicitarle a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) que realice un costoso estudio de revisión de toda la normativa municipal puesta en vigencia durante la última dictadura y también aquella concebida en gobiernos de facto anteriores.

Lo curioso es que en principio se esperaba que el cuerpo deliberativo que cuenta con una cantidad importante de asesores se encargue de trabajar sobre el digesto comunal y estudie las ordenanzas en vigencia -son alrededor de cien- para derogarlas, cambiarlas o ratificarlas, y avanzar con una legislación en el marco de la democracia.

El 24 de marzo del año pasado, los ediles aprobaron la mencionada disposición 2/2012 para derogar, modificar o ratificar la legislación sancionada durante los años 1976 y 1983. Para avanzar en el cumplimiento de la legislación, se estableció en el articulado un plazo de 180 días a partir de su sanción.

El estudio de revisión de las normativas vigentes pudo haber sido realizado por trabajadores del Concejo Deliberante, que actualmente cuenta con 32 personas que pueden estudiar, analizar y proponer el tema, contó una fuente vinculada a esa dependencia. El cuerpo tiene 12 concejales, 20 asesores y auxiliares, más todo el personal de planta.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la oficialista Mariela Cabreros, decidió solicitarle a la Universidad Nacional de La Pampa que realice el trabajo mencionado y desde la consultora de la casa de estudios se detalló un costo total que llega a los 78 mil pesos, y que debe ser abonado por la Municipalidad de Santa Rosa.

Especialistas.

La concejala Cabreros, por otro lado, aseguró que se optó por darle el trabajo a la Universidad porque esa institución académica cuenta con los especialistas necesarios para realizar el estudio. "Se formó una comisión con historiadores y abogados que trabajarán sobre el tema durante ocho meses, es mucho tiempo y los costos se justifican ampliamente", agregó.

La edila justicialista, además, confirmó que el presupuesto del estudio asciende a los 78 mil pesos, y que el costo será abonado por la comuna capitalina. Es más, ahora, el intendente Luis Larrañaga debe dar el visto bueno para avanzar en esa línea y que la UNLPam realice la revisión.

"Hay que tener en cuenta -continuó Cabreros- que se trata de un trabajo trascendental, que lleva un tiempo importante, donde la intervención de los especialistas nos va a permitir también poder editarlo, armar un libro, que servirá para la cátedra de municipalidades de la facultad".

Por último, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del CD aseguró que en un principio se analizó la posibilidad de que el trabajo sea realizado con el personal del cuerpo deliberativo, aunque cuando se observó que era necesario contar con especialistas se decidió trasladar el estudio a la universidad. "El Concejo tiene abogados asesores, pero por ejemplo no cuenta con especialistas vinculados a temas históricos, y un trabajo así tiene que ser tomado y profundizado con la seriedad necesaria", cerró.