En la Legislatura, representantes del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) expresaron su desconfianza respecto de la versión del sancionado legislador Emiliano Vargas Aignasse. Los opositores criticaron al dirigente oficialista por no haber ejercido su derecho a defensa en la sesión del 18 de febrero, cuando se dictó la suspensión en su contra de 120 días, y lo acusaron de tratar de victimizarse.

El futuro del peronista como miembro del cuerpo colegiado estaría sujeto a lo que resuelva el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, en la causa que lo investiga por tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad y cohecho. El fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón, le imputó a Vargas Aignasse la tenencia de 47 gramos de marihuana, un supuesto intento de evadir un control policial con su camioneta y una presunta oferta de “ayuda económica” a los policías santiagueños que lo habían detenido, en la madrugada del 26 de enero.

El legislador suspendido relató en una entrevista con LA GACETA que los oficiales intervinientes fraguaron actas. Aseguró que fue “virtualmente secuestrado” en jurisdicción tucumana; negó que haya existido una persecución y desmintió la propuesta de una coima. Además, le reclamó a la Legislatura -haciendo énfasis en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Marcelo Caponio- que no haya salido en defensa de sus fueros parlamentarios.

El radical Eudoro Aráoz (bloque UCR) sostuvo que Vargas Aignasse “está abusando de la paciencia del cuerpo colegiado”. “Trata de mostrarse como víctima del accionar de esta Cámara, que sólo lo suspendió”, dijo el ex titular del Colegio de Abogados. Recordó que en su caso no regían los fueros parlamentarios, ya que fue detenido “in fraganti” con marihuana en su poder. “Parece olvidar que no se presentó a la sesión que aprobó su suspensión, para hacer uso de su legítimo derecho a la defensa y denunciar las anomalías de su detención. Renunció a todo ello al no asistir al recinto. Demasiados olvidos y poca memoria acerca de su accionar irregular”, afirmó Aráoz.

El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A) consideró llamativo que Vargas Aignasse haya decidido hacer declaraciones a casi tres meses del escándalo. “Debió exponer en la Legislatura, ante sus pares. Ahora, pretende delegar en nosotros una defensa que él mismo debió ejercer. En lugar de eso, decidió esconderse detrás de las redes sociales para escribir y luego borrar mensajes”, indicó el legislador del PRO, respecto a un texto de Vargas Aignasse en Facebook en el que negaba ser adicto. “Vargas Aignasse expone ahora que fue víctima de delitos graves. ¿Por qué no lo dijo de inmediato? Era su obligación como ciudadano y como legislador. Pero tres meses después aparece con una versión totalmente nueva, en la que se muestra como víctima de una oscura conspiración. El tiempo que pasó le quita credibilidad a toda la historia”, indicó Brodersen.

Planteó dudas con respecto a los alcances de la sanción de 120 días. “La resolución firmada el 18 de febrero por el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez, expresa literalmente que la suspensión en el cargo es ‘sin goce de sueldo’”, expresó, en referencia a que el único ingreso parlamentario reconocido por la Constitución provincial es la dieta. “Si no puede cobrar los gastos sociales sólo puede deberse a que los fondos para ‘ayudas sociales a personas’ forman parte del salario de los legisladores”, interpretó el opositor.

El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) advirtió que la suspensión de 120 días en contra de Vargas Aignasse “no depende de que padezca o no de alguna adicción”. “Su situación está sujeta estrictamente a una resolución judicial. Si la causa avanza, probablemente se deba rever una sanción más dura. Los 120 días no son definitivos”, advirtió.

Nueva presentación y pedido

Llevó los resultados de un estudio privado para marihuana y cocaína

El suspendido legislador oficialista Emiliano Vargas Aignasse llevó ayer a mesa de entradas de la Legislatura el informe con los resultados de los estudios de orina para detección de marihuana y cocaína que se había realizado el lunes. El peronista sostuvo en una nota dirigida al vicegobernador Osvaldo Jaldo que está libre de sustancias tóxicas. Además, se ofreció a repetir el examen en un hospital público que indique la Cámara. En diálogo con LA GACETA, reveló que hace una semana gestiona una reunión con el vicegobernador. “Hasta ahora no pude obtener una audiencia”, admitió. El viernes había pedido a la comisión de Asuntos Constitucionales que se expida por una supuesta omisión en la defensa de sus fueros parlamentarios.

Nueva fecha

Pensaban sesionar esta semana, pero lo harán la próxima

Los jefes de los bloques políticos se reunieron el lunes en la comisión de Labor Parlamentaria. En principio, estaba previsto que la próxima sesión se celebrara mañana. Pero como las comisiones de trabajo permanente no habían ultimado todos los proyectos, se acordó el jueves de la semana que viene como nueva fecha. De todas maneras, el lunes los presidentes de las bancadas volverán a encontrarse para confirmar los temas y el día del siguiente debate. El legislador oficialista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Cámara, adelantó que en el orden del día podría aparecer el dictamen para el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. Aclaró sin embargo que antes la Legislatura tiene planificado realizar una última rueda de consultas con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y otros organismos con injerencia en la cuestión penal. En el temario también figuraría un proyecto de resolución para incluir en el equipo de trabajo del nuevo Código Procesal Civil de la Provincia, que comenzará a ser reelaborado por un comité especial interpoderes. “Estamos trabajando con diversos dictámenes para que la sesión sea lo más completa posible”, afirmó.