La subdivisión del Ministerio Público, tal como está indicado constitucionalmente y lo determinaron resoluciones específicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, sigue pendiente. Luego de varias vueltas, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la facultad de nominar a los candidatos para ocupar los cargos vacantes de Defensor General y Asesor General.

Ayer la Cámara de Senadores trató una iniciativa que proponía continuar con el tratamiento de los pliegos aprobados en 2008, para el nombramiento del Defensor y del Asesor general, respectivamente. Tales pliegos, correspondientes a los doctores Jorge Semhan y Gabriela Aromí de Sommer, quedaron interrumpidos en su tratamiento y aprobación por un recurso judicial interpuesto por el fiscal general César Sotelo al que en ese momento el STJ le hizo lugar.

A partir de allí se inició un camino de apelaciones que llegó hasta la propia Corte Suprema. El máximo cuerpo judicial ordenó que se cumpliese la Constitución provincial en lo establecido para el Ministerio Público, girando el expediente al Superior Tribunal de Corrientes para que actúe en consecuencia.

Fue por ello que la cuestión volvió a tratamiento parlamentario. Es lo que ocurrió ayer en el Senado, bajo la forma de un proyecto presentado por varios senadores del Frente para la Victoria por el que se solicitaba la reanudación o prosecución del trámite para prestar acuerdo a los pliegos agregados de los doctores Semhan y Aromí. Finalmente se votó el despacho de la mayoría aconsejando el rechazo de la iniciativa.

Pero la nueva Resolución aprobada no sólo quedó en eso. Además, en su artículo 2, le propone al Poder Ejecutivo a que nombre a dos nuevos postulantes para cubrir la Defensoría y la Asesoría pendientes.

UN NUEVO ESCENARIO

Resumiendo, el proyecto del FpV quedó archivado. Y con el nuevo proyecto votado ayer en el Senado, el Poder Ejecutivo retoma sus facultades de proponer otros pliegos para ocupar la Defensoría General y la Asesoría General del Ministerio Público.

Voceros del bloque justicialista consultados por EL LIBERTADOR informaron que el proyecto tenía un despacho de mayoría de los legisladores de ECO y otro en minoría, correspondiente a los senadores Rubén Bassi y Rubén Pruyas.

La intensión del bloque justicialista al presentar el proyecto fue que se haga efectiva la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de completar la integración del Ministerio Público. Es el paso que el Senado dio ayer. Sólo que con nombres cambiados.

En la integración de figuras claves del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene tres importantes vacantes que cubrir: el quinto integrante del Superior Tribunal de Justicia, al que ahora se le ha sumado la posibilidad de nominar al Defensor General y al Asesor General del Ministerio Público.

Se trata de pasos institucionales con un trasfondo de polémica política.