Tras la denuncias judiciales que se iniciarán por el apriete al gobernador Jorge Sapag y al presidente de YPF, Miguel Galuccio, el sábado en Loma Campana, la Provincia anunció ayer que se retirará de las negociaciones que mantenía con la familia Campo, que reclama derechos sobre tierras en el corazón de Vaca Muerta.

“Los hechos del sábado hacen que la negociación quede frustrada ante medidas que no estaban en la mesa de diálogo”, indicó ayer el secretario de Coordinación Interior, Jorge Lara, que desde hace más de cuatro meses mantenía tratativas con la familia Campo para determinar hasta dónde llegan sus derechos sobre las tierras.

Desde la Confederación Mapuche, que apoya el reclamo, señalaron que lo que pasó el sábado fue una “provocación”. Indicaron que con Lara intentaban aclarar la situación de las tierras de la zona, y  ue esperan retomar al diálogo con la Provincia (ver recuadro).

Historia del conflicto

El conflicto con la familia Campo recrudeció la semana pasada, cuando empezaron a alambrar tierras en Loma Campana, respaldados por la Confederación.

El reclamo se remonta a mayo de 2013, cuando Albino Campo y familiares, patrocinados por el abogado Jorge García Gaab, se presentaron ante YPF y reclamaron que los tomen como superficiarios de los lotes 6 (que figura como propiedad de la Provincia) y 15 fracción D (que aparece como propiedad del IADEP). Para ese entonces, ya se sabía que YPF y Chevron estaban por cerrar un acuerdo para perforar esa zona.

La empresa pide a la familia documentación que avale los derechos sobre las tierras. En ese momento solo contaban con un pedido a Nación de permiso de pastoreo, realizado en 1940 por Pedro Campo, oriundo de Chile, quien se instaló en 1927 en la zona con su concubina Celmira Maripe.

Pedro falleció en 1952 y la documentación quedó a nombre de su viuda, quien en 1952 recibió el derecho de pastaje sobre los lotes 6 y 15 D. Ella murió en 1961 y se hizo cargo su hija Aurora, quien a su vez recibió intimaciones por falta de pago.

En 1971 los hermanos de Aurora renunciaron a sus derechos sobre las tierras por no tener los animales suficientes para ocupar el terreno y abonar los derechos de pastaje al físco.

En 2011, los hijos de Aurora establecieron en el Juzgado de Paz que sus padres fueron nativos del lote 15 D, en el paraje La Vanguardia, y que ellos también se criaron y nacieron allí. Sin embargo, nunca iniciaron ningún trámite de mensura ante la Provincia. Ese es el primer paso para obtener un título de propiedad.

¿Familia o comunidad?

Tras un impasse en las negociaciones, en agosto del año pasado, la familia Campos volvió a presentarse ante YPF, pero esta vez denominándose como Lof Campo Maripe, con respaldo de la Confederación Mapuche y Gabriel Cherqui. En esa ocasión señalaron que su espacio territorial comprende, además del Lote 15 fracción D, el 16, 17 y el 4 D.

Hasta el momento se había acordado con Tierras la cesión a la familia de 100 hectáreas sobre la zona del valle que serían sistematizadas e irrigadas. Las tareas estarían a cargo de YPF y costarían unos siete millones de pesos. En paralelo, se negociaba si se los reconocía como superficiarios por los lotes de la zona de la meseta, donde YPF inició con Chevron el desarrollo de Vaca Muerta.

Sin embargo, al presentarse como comunidad mapuche, aseguraron que el territorio comprende buena parte del yacimiento Loma Campana y que la petrolera avasalla el derecho de consulta previa. La Provincia no los reconoce como comunidad, no solo porque en mayo de 2013 iniciaron un reclamo como superficiarios a YPF, sino porque no tienen documentación que los avale como tal y, además, considera que no vivían de acuerdo con las pautas culturales mapuches. No desconoce la historia de la familia en la zona, pero en las negociaciones se intentaba determinar sobre qué superficie tenían derechos. Tras los incidentes del sábado pasado en Loma Campana, el diálogo quedó trunco.

“Sin diálogo no hay una salida para el conflicto”

Neuquén

“Si se cae la mesa de diálogo, se profundiza el conflicto. Alguien tiene que definir cuál es el derecho que asiste a cada parte”.

Así se refirió ayer el referente de la Confederación Mapuche del Neuquén, Jorge Nahuel, durante una conferencia de prensa.

Rescató el buen diálogo con el secretario Jorge Lara. “Nosotros repudiamos cualquier acto de violencia. Nada tiene que ver con nuestra forma de vida”, dijo rodeado de integrantes de la familia Campo, durante una rueda de prensa.

“Nosotros vamos a seguir reafirmando nuestros derechos”, dijo Nahuel, quien agregó que no es un objetivo de la familia Campo perjudicar la producción petrolera en el yacimiento Loma Campana, donde busca un reconocimiento como superficiaria.

“Nosotros nunca vamos a hacer Justicia por mano propia. Lo que decimos que si amenazan con no dialogar, cometen un error”.

Pérez Esquivel le pidió a Galuccio por la “consulta previa” a la familia

Neuquén

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le manifestó su preocupación por el conflicto en Loma Campana al CEO de YPF, Miguel Galuccio.

En el escrito le pide que consulte las leyes provinciales, que suspenden el otorgamiento de derechos sobre tierras que son reclamadas por comunidades mapuches.

“Sabemos la importancia que para YPF tiene la explotación de hidrocarburos no convencionales, pero lamentamos que a través del acuerdo con Chevron se declare como área productiva el territorio de una comunidad mapuche, en este caso de los Campo Maripe, que fue concesionado sin su consentimiento”, afirma en la carta que le envió Pérez Esquivel a Galuccio, que sobrellevó momentos de tensión durante el recorrido en conjunto con el gobernador Jorge Sapag.

Para él, esto implica no aplicar el “derecho a la consulta previa, reconocido por la Ley 24.071, ratificadora del Convenio 169 de la OIT, con carácter supralegal a la normativa nacional”. Luego de mencionar la preocupación que en algunos sectores provoca el desarrollo de no convencionales, y en el contexto del reclamo de las tierras que se tornó conflictivo en los últimos días, Pérez Esquivel le pide a Galuccio que “consulte al órgano competente del Estado para que adopte las medidas necesarias y favorezca el diálogo, al que las comunidades mapuches siempre se han mostrado dispuestas”.