A través del decreto 1481, el gobernador Juan Manuel Urtubey, declaró la nulidad de la contratación del servicio bibliográfico y documental del complejo de bibliotecas y archivo de la Provincia. El trabajo había sido encargado a la empresa Plumada, mediante una resolución del Ministerio de Educación, ratificada por un decreto el 30 de noviembre del 2007.
En los considerandos, el decreto señala que la Secretaria Legal y Técnica en un dictamen expresó que "la contratación resultante presenta vicios graves y manifiestos, concluyendo en la necesidad de dejar sin efecto dicha contratación".
Se señala que la Sindicatura General de la Provincia aconsejó "dejar sin efecto la contratación, y restituir las cosas al estado anterior a la emisión de la orden de pago", lo que implica que Plumada debería restituir lo percibido.
Se trata de tres millones trescientos mil pesos de adelanto, adelantados en la gestión de Juan Carlos Romero .
Agrega que la Fiscalía de Estado sostuvo que la contratación "adolece de vicios de forma graves y evidentes, razón por la cual debe ser dejada sin efecto".
El decreto hace referencia a la condición de definitivo del informe de la Auditoria sobre el particular, que "observó que la instrumentación del servicio de digitalización del patrimonio bibliográfico encomendado a loa empresa Plumada "presenta graves irregularidades en el procedimiento empleado para su contratación". Una copia del decreto será enviado al Procurador General de la Provincia y al Fiscal de Estado.
Dilaciones
En un informe en el que reveló dilaciones del actual gobierno para brindar información, la Auditoría General de la Provincia concluyó que la digitalización del patrimonio bibliográfico y documental del complejo de Bibliotecas y Archivos que el entonces gobierno de Juan Carlos Romero encomendó a Plumada, no tuvo encuadre legal.
El gobierno romerista llegó a pagar -pocos días antes del cambio de gobierno- tres millones trescientos mil pesos de adelanto. Incumplimiento de la ley de procedimientos administrativos, falta de encuadre jurídico, incumplimiento de la ley provincial que creó el Sistema Provincial de Administración de Documentación y Archivo (SIPADA) , incumplimiento de la ley de contrataciones, inexistencia de detalles técnicos relevantes.
Esas son algunas de las observaciones que la Auditoría General de la Provincia hizo a un rápido proceso que, en el último mes de la gestión de Romero, concluyó con un decreto firmado por el entonces gobernador a cargo, Mashur Lapad, que encomendó a la firma Plumada, la digitalización del patrimonio documental y bibibliográfico del recién inaugurado Complejo de Bibliotecas y Archivos y de Salta.
El encargo no quedó sólo en los papeles. La auditoría consignó que el 6 de diciembre de 2007, tres días antes de concluir su gestión, el gobierno de Romero llegó a pagar 3.313.631 pesos a Plumada en calidad de "adelanto".Todo el proceso, sin embargo, no tuvo respaldo jurídico, según los auditores.
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