El profesional en cuestión es el arquitecto Roberto Fatala, quien ocupó una vocalía en el Cpialp hasta el mes pasado, cuando presentó su renuncia. Ayer, en diálogo con este diario, expresó que le preocupa la situación de la ingeniera civil Graciela Wagner, quien fue apartada de la dirección de Estudios y Proyectos de la DPV -cargo en el que llevaba 16 años- luego de cuestionar el pliego de una licitación que se adjudicó Jubete.

Remoción.

"Es de público conocimiento que dichos sucesos relacionados con la obra de repavimentación de la ruta provincial 4 originaron, entre otras cosas, la suspensión del proceso licitatorio y la remoción de una funcionaria de alto rango que tiene serias discrepancias en lo gestionado por el organismo", expuso en su nota dirigida a la comisión directiva de la entidad.

Sobre Wagner, consignó, que estuvo al frente del cargo como subrogante desde 1995 y que en diciembre del año pasado había sido ratificada una vez más al frente de su Dirección. Atento a las publicaciones periodísticas de estos días, Fatala mencionó también que el Sindicato de Trabajadores de Vialidad Provincial (Sitravip) había desautorizado lo actuado por su representante en el Directorio de Vialidad, cuando apoyó la medida disciplinaria.

Interrogantes.

"Ante la situación planteada -manifestó-, les solicito que con premura nos informen a los matriculados en general, de manera pública o como ustedes lo estimen conveniente sobre lo siguiente: 1) cuál es la postura del representante que el Cpialp tiene en el directorio de Vialidad; 2) en qué momento dicho representante consultó dicha postura con la comisión directiva; 3) cuál es la posición que el Cpialp adopta en el conflicto mencionado; 4) si el Cpialp considera injusta la medida disciplinaria que recibió la ingeniera Wagner, qué camino se siguió para comunicarlo al directorio de Vialidad y dejarlo sentado de manera indudable ante la matrícula en particular y ante la opinión pública en general y 5) si el Cpialp se comunicó con la ingeniera Wagner, antes, durante o después del desenlace y en qué términos".

El representante del Consejo Profesional en Vialidad es el ingeniero Edgar Raúl León. Esta tarde, desde las 19, la Comisión Directiva del Cpialp se reunirá en su sede de la calle Urquiza, donde podrían tratar la nota de Fatala.

Las denuncias.

Hace un mes y medio LA ARENA adelantó que existían sospechas de que la licitación para la construcción del nuevo autódromo quedaría en manos de la empresa Jubete. Cuando se abrieron los sobres, esa constructora presentó la oferta más baja y la semana pasada resultó adjudicataria. ¿Otro dato? Desde la asunción de Jorge, Jubete se quedó con el 81% de los dineros licitados por Vialidad, cuando durante la década anterior había recibido sólo el 25 por ciento.

También se detalló que Wagner había sido separada de su cargo porque objetó el pliego de la licitación de la repavimentación de la ruta provincial 4 -que primero fue anulada y luego quedó desierta-; que Vialidad comenzó a exigir durante la actual administración que las constructoras posean determinado equipamiento propio y no alquilado, lo que llevaría a que haya menores oferentes; que se modificó el método para controlar que las constructoras tengan en obra el equipamiento que declaran tener; y hasta recordó que en 2009 el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, efectuó 23 observaciones para evitar que los procesos licitatorios sean direccionados.

El 20 de abril, Giai, presidente del Directorio de la DPV convocó a una rueda de prensa para hablar de "las versiones periodísticas". Ese día, no sólo no desmintió ninguna de las aseveraciones de este diario, sino que abandonó abruptamente la sala, dejando atrás a los periodistas y al resto de los miembros del Directorio que lo acompañaban, entre ellos el propio León.

Una directora que no avaló un expediente

Los problemas para Wagner en Vialidad comenzaron el viernes 18 de febrero. Así consta en el expediente 1800/2011, donde se tramitó la segunda licitación para la repavimentación de la ruta 4, el tramo entre General Pico y la ruta 35, que fue declarada desierta. Por nota, la ex directora de Estudios y Proyectos se negó aquel día a firmar el dictamen 3/11 del consejo técnico aprobando el proyecto de la obra y los pliegos licitatorios.

Nueve días después, cuando la licitación ya había sido aprobada por el directorio, el presidente de la DPV, Horacio Luis Giai, citó a la ingeniera para que diera explicaciones y terminó separándola del cargo que ocupó durante una década y media. Wagner, justamente, había cuestionado varios requisitos del pliego durante el primer llamado -que fue anulado con razones poco claras- y volvió a hacerlo en el segundo porque ninguno de ellos había sido corregido por el ingeniero jefe, José Luis Mouly. Este funcionario había amenazado a Wagner con sumariarla por desobedecer sus órdenes.

Los cambios en el pliego que no avaló, pues limitaban la cantidad de oferentes, los había requerido Mouly:

* Que considerara "el reciclado del tratamiento y la base existente en 15 centímetros de espesor sin aporte de material de yacimiento" en el acceso a Trenel.

* Que los oferentes debían "tener experiencia en la construcción de, por lo menos, una obra de naturaleza similar" donde la carpeta de concreto asfáltico tuviera "un tonelaje igual o mayor al 80% del indicado en el ítem 7 del cómputo métrico" y que, en el caso de presentarse a la licitación una unión transitoria de empresa, ese porcentaje mínimo sea del 50% para cada una de las constructoras.

* Que los oferentes debían ser propietarios -y no podían alquilar- de un equipo autopropulsor de reciclado de 350 HP (el único que lo tendría en La Pampa sería Jubete), una topadora D8 o similar, una distribuidora de mezcla asfáltica y dos motoniveladoras de 140 HP.

* Que cambiara "los costos unitarios de los ítems construcción de base y ejecución de carpeta asfáltica en caliente".

Como Wagner se opuso, el dictamen 3/11 salió sin su firma. En nombre del consejo técnico lo rubricaron Mouly; el director a cargo de Construcciones y Recursos Viales, Raúl Urra; el asesor letrado y un cuarto funcionario, quienes dijeron que no habían "encontrado observaciones que formular a la documentación técnica".