Un pasacalles que pusieron en el ingreso al emprendimiento dejó muy clara la denuncia. El sindicato y los operarios reaccionaron cuando se produjeron siete despidos, entre otras irregularidades y anomalías de las que responsabilizan a la empresa.

Se trata de una obra de departamentos. Los despedidos habían sido tomados hace siete meses, según contaron los involucrados. Añadieron un dato que parece tragicómico: a modo de "indemnización" cobraron entre 20 y 90 pesos.

Espinoza contó a El Diario que lejos de ser el primer problema con esta firma, "los problemas son de vieja data". Responsabilizó a quienes aparecen como las caras visibles de la sociedad: Laura Barreiro y Carlos Malgás.

"Hay numerosas situaciones que directamente perjudican a los trabajadores, que están en un terrible grado de indefensión y por eso recurren a nosotros", dijo Espinoza.

Después de la toma del obrador, el lunes, UOCRA y los operarios tuvieron un encuentro con el director de Relaciones Laborales Julio San Miguel, a quien le plantearon la situación, "lo pusimos en conocimiento de lo que está pasando, y al mismo tiempo formulamos verbalmente la petición de que no sólo en este caso sino en todos hay que ejercer mucho más control", expresó Espinoza.

El gremialista enumeró que hay trabajadores mal registrados, dados de alta o de baja según caprichos empresariales, "en la práctica es una evasión", dijo.

"Estos empleadores son explotadores, se aprovechan de la circunstancia de que generan trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser digno y decente", afirmó Espinoza.

El dirigente sindical comentó que en otros casos se han recogido denuncias del mismo tipo incluso en obras pagadas por el Estado, más concretamente adjudicadas por el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV).

"Se perjudica a los obreros con la mala confección de los recibos de sueldos", insistió.

"La gran pregunta que nos hacemos, por ejemplo, es cómo hace una empresa que lleva a sus trabajadores al interior, para que trabajen sólo 40 horas en una quincena", apuntó. Reiteró que "no hay ni planillas rubricadas, es trabajo en negro".

Respecto de la toma del obrador, contó que la casilla mostraba "una mugre total, falta de seguridad e higiene". La empresa hizo una denuncia policial y después "vaciaron el obrador".

En un momento apareció la arquitecta Barreiro. Espinoza dijo: "Habíamos roto la relación, no queríamos ni hablar con ellos. Fueron a la Policía, nos denunciaron, mandaron un funcionario de la Fiscalía a desalojarnos, es todo muy grave. Pero le dije: ‘Seguí participando...’ porque en las próximas horas habrá una conciliación obligatoria".

Espinoza aclaró que "lamentablemente en el caso de la Justicia no son tan rigurosos... Pero son tantas las irregularidades, y de público conocimiento, que algo tendrán que hacer".

"Los organismos del Estado -se quejó- pese a todas las advertencias no controlan como corresponde y como pedimos nosotros, desde que se inicia y hasta que finaliza la obra".