La Unión Industrial de La Pampa (Unilpa) reclamó la sanción de una nueva ley de promoción industrial luego que el gobierno nacional prorrogara la vigencia de la actual, que data de la dictadura militar. El pedido apuntó a los legisladores nacionales. La nueva norma debería tener un especial enfoque hacia el apuntalamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Este decreto, publicado hace pocos días, permitirá a las empresas de esas provincias "extender sus beneficios por dos años lo cual implica, al menos, un ahorro de hasta el 45 por ciento en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado". Pero el decreto también abre las puertas a nuevos proyectos industriales, los que gozarán de beneficios impositivos durante los próximos 15 años, pero sólo a los comprendidos en esas provincias.
Reacción.
Ante la prolongación de una situación que consideran injusta, los industriales pampeanos salieron a reclamar un criterio nacional en la distribución de estos beneficios. "No se trata de posicionarse de manera mezquina, irracional o irrealista -aclararon-; está probado que estos regímenes, donde sea que se implanten, favorecen el crecimiento y desarrollo de las regiones". Sin embargo, cuando se aplican en forma aislada "provocan el crecimiento de determinadas provincias en detrimento de otras, como es el caso de nuestra provincia de La Pampa", donde ni el empresario más eficiente puede mitigar la diferencia de costos producida por la 'deslocalización'. Algunas de estas diferencias de costos son "la lejanía con los mercados consumidores, o la disponibilidad restringida de servicios e insumos básicos como comunicaciones, transportes, financiamiento o mano de obra". Respecto a la mano de obra, la Unilpa aprovechó la oportunidad para advertir que este rubro "está al borde de un alto incremento" si es que se obliga a pagar el 'plus patagónico' a los trabajadores de las empresas pampeanas.
"Esta legislación de promoción industrial siempre ha sido, y es, discrecional e inequitativa", sentenció la Unilpa en su documento. "Desde hace más de 25 años venimos diciendo que hace falta una nueva ley que permita superar las distorsiones, incluyendo los beneficios para todas las provincias, con la graduación y ponderación más racional posible". Por ello fue que reclamó "que La Pampa vuelva a gozar de los beneficios de la promoción industrial nacional", un beneficio que perduró hasta fines de la década del '80.
Diálogo.
Ante este escenario y acorde a su estilo, la Unilpa propuso "comenzar a dialogar" sobre el problema. "Para ello invitamos a las autoridades nacionales, provinciales, municipales y especialmente a todos los legisladores de la Nación para trabajar mancomunadamente en la generación de un nuevo marco legal nacional sobre la promoción industrial". Debe ser un marco legal que, entre otros aspectos, "contemple su aplicación simplificada para las Pymes nuevas y existentes", con la premisa de propiciar el crecimiento armónico de todas las comunidades del país.
Decreto suspendido
La vigencia del decreto nacional 699/10 se encuentra momentáneamente suspendida a raíz de un fallo que dictó el juez federal de Mendoza, Raúl Acosta. El magistrado tomó la decisión tras la presentación que la semana pasada formuló la Cámara de Comercio de San Rafael.
La promoción industrial, o bien su prórroga, es un tema de intenso debate político en la provincia de Mendoza, que en estas horas ve cómo una situación contra la que ha luchado durante años parece proyectarse a futuro. El interés político y social fue atizado con un estudio universitario que reveló la intención de muchas empresas mendocinas de trasladarse a San Juan, La Rioja o San Luis -incorporada ahora al régimen promocional- si es que no hay un drástico cambio de status.
La provincias "promocionadas" no han tardado en reaccionar y ya están elaborando la presentación que llevarán a la Corte Suprema de Justicia para defender el decreto 699 y atacar la resolución del juez federal mendocino. La presentación se concretará en estas horas, según anticiparon.
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