La política de las manipulaciones mediáticas ya mostró su falsedad en mayo del 2007, cuando se quiso convencer a la ciudadanía de que las fuerzas progresistas eran las del Frente para la Victoria. Así les fue: en ese mismo mes sus legisladores votaban en el Congreso la ley antiterrorista y Néstor Kirchner daba luz verde al hecho más grave de la política argentina de los últimos años: la segunda privatización del petróleo y el gas con la prórroga de “Cerro Dragón” y todas las concesiones de Menem hasta el 2047; es decir, hasta la extinción total del recurso. Por eso, para no repetir la farsa, se impone discutir qué es lo que consideramos una política progresista o reaccionaria, nacional o entreguista. ¿No es la nueva derecha criolla quien se asocia a las corporaciones que saquean nuestros recursos estratégicos no renovables, sin control público y a simple declaración jurada? ¿No es esta nueva derecha, con el “capitalismo de amigos”, la que se beneficia mediante la entrega salvaje de las tierras fiscales –pertenecientes a los pueblos originarios– y los yacimientos mineros y petroleros a los amigos o socios de los gobernadores provinciales? ¿Es realmente de avanzada la decisión de pagar al Club de París y a los fondos buitre, sin revisar la legitimidad de la deuda externa, mientras el dictamen del juez Ballesteros sobre su carácter fraudulento duerme en el Congreso? ¿Qué decir del “tren bala” como opción a una reconstrucción de los ferrocarriles con tecnologías y fábricas propias, que pueden generar miles de empleos y garantizar autonomía? ¿Dónde colocaríamos a conspicuos miembros y amigos del Frente para la Victoria, como Cristóbal López, Eskenazi, el senador Roberto Urquía y otros grandes exportadores de granos, que estafaron al fisco por 1700 millones de dólares con el paraguas de la Resolución 125?

El formato progresista de la era “K” es una peculiar combinación de derechos humanos con esencias del modelo neoliberal. Basta recordar que en nombre del centroizquierda se han venido avalando las políticas económicas neoliberales más puras, ejecutadas desde el gobierno menemista y algunas otras desde la dictadura. ¿No sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que priva a la pequeña empresa de acceder al crédito público y sigue al servicio de las multinacionales? ¿No bastó la fuga de 26 mil millones de dólares en el 2001, para evitar la reciente fuga de 22 mil millones de dólares imponiendo un riguroso control de cambios y divisas? ¿No es necesario recordar la trágica aventura de la Alianza, con el soborno de senadores para flexibilizar las leyes laborales? ¿No merece recordarse el regreso de Cavallo –agosto del 2001– con poderes excepcionales votados por los legisladores del Frente Grande para negociar un megacanje que nos costó casi 54 mil millones de dólares más.

En esta gran confusión, el gobierno de Cristina Kirchner, que para muchos se ubica en la franja del progresismo o centroizquierda, hace pocos días anunció un subsidio a las petroleras de 8750 millones de dólares (Clarín, 13/11/08) y desconoció la decisión del Congreso nacional, como respuesta al reclamo del lobby minero de la Barrick Gold, vetando la ley de protección de los glaciares que había logrado unanimidad en Diputados y solamente tres votos en contra en el Senado. Se acaba de nombrar –con el elogio y abrazo de algunos progresistas– a Débora Giorgi como ministra de la Producción. La flamante funcionaria, entre sus innumerables cargos, fue secretaria de Industria de Fernando de la Rúa y firmó, junto a José Luis Machinea, uno de los convenios más escandalosos y lesivos al interés de la Nación: la prórroga por diez años –y diez años antes de lo que fija la ley– del que fuera el yacimiento de gas estrella del país: Loma La Lata. Sus millonarias reservas, tasadas en más de 10 mil millones de dólares, fueron cedidas por 300 millones de dólares y sólo debía pagar un 12 por ciento de regalías. Para dar idea del colonialismo del convenio, baste citar el artículo 1.3: “El Estado Nacional y la Provincia garantizan que durante la vigencia de la prórroga de la Concesión (...) mantendrán indemne a YPF frente a cualquier reclamo o acción de terceros o decisión o cambio legislativo que pueda afectar o modificar el régimen de dominio que rige sobre el área Loma La Lata-Sierra Barrosa, obligándose a mantenerla en el ejercicio íntegro de sus derechos”.

¿No son estas razones suficientes para delimitar qué es derecha o izquierda en la Argentina y quiénes son las personas creíbles frente a la ciudadanía? En las décadas recientes y hasta la actualidad, los travestismos políticos y las piruetas oportunistas se convirtieron en materia corriente. El ser humano y la dirigencia como parte del género puede cometer errores y todos los hemos cometido; pero es preciso corregirlos con acciones autocríticas y compromisos públicos que los superen. No obstante, hay cosas que son inadmisibles. Una de ellas es la traición al mandato de las urnas y otra, las operatorias mediáticas o acuerdos a espaldas del pueblo, soslayando el abierto debate de ideas. Todo tiene sus límites: estamos hablando de un debate que necesariamente excluye a quienes fueron los protagonistas de la entrega y la corrupción de ayer o de hoy. La actual crisis mundial es grave y exige respuestas creativas, impulsadas con grandeza y coherencia, desechando cualquier intento de obtener beneficios personales o de grupo con recursos públicos y sociales, al costo del sufrimiento de una gran proporción de nuestros compatriotas. El debate debe incluir entonces las políticas a seguir, entre otras, con las corporaciones mineras, petroleras y exportadoras de granos, favorecidas con una renta que pertenece a todos los argentinos.

Es indispensable el debate y definición de un auténtico proyecto nacional, capaz de ser integrador de nuestras potencialidades, anhelos y voluntad de evolución, insertado en forma creativa y autónoma en la región. Es hora de que todos aportemos a su diseño y construcción. La tarea es inmensa y ninguna fuerza política o social se encuentra con capacidad de hacer frente a ello en forma aislada. Por estas razones, Proyecto Sur propone a quienes se sienten identificados con el espacio progresista, nacional y popular, una Mesa de Diálogo para la construcción del Proyecto Nacional. La unidad que proponemos no se reduce a lo electoral ni se basa en la distribución de cargos o lugares en una lista. Nos proponemos construir una fuerza política, social y cultural que sea capaz de impulsar un proyecto emancipador en posibilidad concreta de recuperar los recursos estratégicos y democratizar las instituciones, como paso indispensable para terminar con la indigencia, el hambre y la degradación del ambiente. Se trata de recuperar y honrar la credibilidad de nuestro pueblo.

* Referente de Proyecto Sur.