El diputado nacional, Juan Pedro Tunessi, mediante un proyecto de ley instituye la condecoración “El Congreso Argentino a la Justicia y la Consolidación de la Democracia” para aquellos Jueces y representantes del Ministerio Publico que a través de sus acciones, dictámenes y fallos judiciales, hayan contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho y el afianzamiento de las instituciones democráticas.
“La condecoración será entregada a los galardonados en una sesión especial de ambas Cámaras reunidas a tal efecto. En caso de que el condecorado hubiere fallecido, se les entregará a sus herederos. Créase la Comisión Bicameral de Otorgamiento de la Condecoración establecida en la presente ley, integrada por 3 (tres) diputados y 3 (tres) senadores, elegidos por sus respectivas presidencias, respetando la composición política y el equilibrio de géneros”
“Cada legislador podrá sugerir una sola propuesta, correspondiente a un funcionario u organismo colegiado, la que deberá contar para su evaluación con el apoyo de por lo menos diez Diputados y diez Senadores. Ante la existencia de propuestas, se convocará a la Comisión Bicameral, quien deberá dictaminar sobre la pertinencia de su otorgamiento”
“Otorgase la condecoración establecida en la presente ley, a los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Dres. Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D Alessio (Post Mortem) y Sres. Integrantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Julio Cesar Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, en virtud de la acusación y posterior sentencia dictada en la causa Nro. 13/84 del Registro de dicho Tribunal”
“El presente proyecto tiene como objeto el de evocar a través del Congreso, los hitos fundacionales de la institucionalidad de nuestro país, surgidos con motivo de la actividad de Jueces y Fiscales en su intervención en causas judiciales. A la distancia, estos decisorios han marcado un camino inexorable en el reconocimiento y preservación de garantías, que permitieron ir sustentando la consolidación del régimen democrático y el fortalecimiento de los derechos de nuestros ciudadanos”
“Pero sin perjuicio de esta temática general, el proyecto pretende reconocer un hecho histórico, que nos presentó ante el mundo como un país superador de oscuras etapas, por medio de la libre actuación de sus órganos institucionales y en un marco que aseguró la perfecta garantía de defensa de los implicados. Se cumplen este año 25 años del dictado de la sentencia consecuencia del juicio llevado adelante contra los responsables de la última dictadura militar, por las constatadas reiteradas y aberrantes violaciones a los derechos humanos durante el período en el que usurparon el poder”
El histórico juicio constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica y otras naciones del mundo y es innegable que sin su existencia resulte difícil explicar la perduración del sistema democrático en nuestro país de manera ininterrumpida en los últimos 26 años.
El Presidente Alfonsín, había sostenido en la campaña, que era imposible sustentar la democracia sobre la base de claudicaciones éticas, como lo eran ocultar y pretender borrar de la memoria las atrocidades de la dictadura. Así fue como el 15 de diciembre de 1983 a solo cinco días de asumir como Presidente, sancionó el decreto 158. que ordenaba enjuiciar a las tres juntas militares que dirigieran el país desde el golpe del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas. El mismo día se propuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes para revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos y fundar así el juicio a las Juntas Militares.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín a la Casa Rosada acompañados de una multitud de 70.000 personas. Por su seriedad y neutralidad, el Informe Nunca Más no sólo constituyó una prueba fundamental en el Juicio contra las Juntas, sino que produjo un impacto cultural de enorme magnitud en la sociedad, revelando ante una incrédula Argentina la tragedia en toda su magnitud.
Luego de una serie de demoras injustificadas y después de haberse reformado el Código de Justicia Militar, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, tomó la decisión de desplazar al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas, para hacerse cargo directamente de la causa. Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública. En ella declararon 833 personas. Las atrocidades que revelaron muchos de esos testimonios sacudieron hondamente la conciencia de la opinión pública argentina y mundial. Se pusieron al descubierto metodologías y prácticas perfectamente planificadas y coordinadas desde la cúpula militar. Los centros clandestinos de detención y tortura, las desapariciones sistemáticas, el robo de niños, las complicidades de los distintos estamentos del Estado, todo fue puesto en evidencia.
Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985 el fiscal Julio César Strassera realizó el alegato de la fiscalía, que luego ha sido considerado como una pieza histórica. La fiscalía consideraba que la responsabilidad por cada delito debía ser compartida por los miembros de cada junta a la que se le había probado participación.
Finalmente el tribunal no aceptó este criterio, sosteniendo que las responsabilidades debían ser asignadas por cada fuerza armada. El Fiscal Srassera cerró su alegato con esta frase que ya es parte de nuestra historia: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más".
Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre se realizaron las defensas de los Jefes Militares, que básicamente sostuvieron que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión y prisión perpetua, respectivamente, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión, más las accesorias en todos los casos. Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados por no haberse podido probar la comisión de delitos durante el período respectivo.-
La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de Presidente de la Cámara Federal. Fundamentalmente el fallo reconoció que las juntas diseñaron e implementaron un plan criminal y rechazó la ley de amnistía sancionada por el último gobierno militar. Señala también que cada fuerza actuó autónomamente y que las penas deben ser graduadas en función de ello. Finalmente, concluyó que la fiscalía no pudo probar que, con posterioridad a 1980 se hubieran cometido crímenes que pudieran ser responsabilidad de la junta militar, exculpando así a la tercera junta (Galtieri-Amaya-Lami Dozo).
A partir de este histórico fallo, se abrieron las puertas para las posteriores investigaciones y juicios a los distintos niveles y estamentos del poder militar y fueron los precedentes allí sentados, los que permitieron también reabrir la investigación sobre la última junta militar y su responsabilidad en el secuestro, robo y supresión de identidad de bebes.
En otro contexto histórico y con otra relación de fuerzas las investigaciones avanzaron y aun continúan en la búsqueda definitiva de la verdad. En este sentido, justo es reconocer que la nulidad de las llamadas leyes del perdón y la inconstitucionalidad de los indultos, impulsados por la actual gestión, permitieron importantes progresos en la definitiva búsqueda de la verdad y justicia. Del mismo modo, estamos seguros que ninguna de estas posibilidades hubiera existido sin la valiente decisión de entonces.
Basta recordar el contexto en que se llevó adelante este histórico proceso: Los militares mantenían todo el poder y el monopolio de las armas, la subordinación a las instituciones era solamente teórica, a tal punto que muchos funcionarios judiciales convocados a colaborar con el proceso se negaron a hacerlo, situación que resalta aún más el coraje cívico de estos jueces y fiscales que, desafiando todo tipo de amenazas, siguieron adelante, convencidos del rol histórico que les tocaba desempeñar.
Los países de la región continuaban con fuerte presencia de militares y el conflicto con Chile (etapa Pinochet) era una constante amenaza. La ley 22.924, denominada de Pacificación Nacional, una auto amnistía encubierta, era intensamente defendida por los militares, que sin el menor atisbo de autocrítica, postulaban la imposibilidad de su derogación, apelando a principios del derecho penal tradicional, negándose al mínimo reconocimiento de la magnitud de las violaciones cometidas. Sin embargo, el juicio a las Juntas Militares Argentinas fue único en el mundo, Jueces Argentinos, con leyes Argentinas, juzgaron por violaciones a los Derechos Humanos, a quienes se consideraban "ganadores de una guerra".
Recordar al cumplirse 25 años del dictado de aquella memorable sentencia, que permitió consolidar la democracia de los Argentinos, evitar que naciera condicionada, es el fin de este proyecto de ley. El Congreso de la Nación, órgano esencial y motor de la democracia, tributa su reconocimiento a aquellos valientes magistrados y funcionarios que supieron estar a la altura de las circunstancias en momentos de extrema dificultad.-
La democracia, aún imperfecta, es un camino irrenunciable para todos los argentinos. Honrar a quienes contribuyeron a su afianzamiento es el sentido de este proyecto que intenta un punto de coincidencia y certidumbre, común a todos los sectores del pensamiento nacional.
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