Tras el piquete que el jueves colapso el tránsito y complicó a miles de porteños y bonaerenses, Ciudad y Nación volvieron a cruzar acusaciones por la responsabilidad ante este tipo de situaciones. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, apuntó a la Justicia Contravencional porteña por no permitir el desalojo. Desde ese fuero respondieron que las fuerzas de seguridad deberían actuar en forma autónoma sin que deba emitirse una orden judicial. Y el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “el Gobierno nacional decidió hace una década que las calles se pueden cortar libremente”.

A los cortes por las obras del Metrobús sobre la 9 de Julio, el jueves se sumó un acampe frente al Ministerio de Trabajo que se levantó a medianoche. Eran cooperativistas de todo el país que pedían por los planes de trabajo. Con las vías principales interrumpidas los autos particulares desbordaron Puerto Madero y empujaron a los camiones que iban a Dock Sud (2.500 camiones demorados) y a los micros que iban a Retiro.

Ayer a la mañana, en declaraciones a Radio 10, Berni dijo que no conocía “la manera de desalojar de forma pacífica” esos cortes, y cargó contra la Justicia Contravencional de la Ciudad por su accionar. “Cinco locos creen que la Ciudad de Buenos Aires es de ellos, hacen estas actividades en la calle y la gente tiene que saber que la Justicia Contravencional banca estas acciones de los piqueteros y le importa tres pepinos los cientos de miles de automovilistas que quieren circular por la Ciudad”, sostuvo. Diferenció estos cortes de los que se producen sobre autopistas como la Panamericana porque constituyen un delito federal, lo que habilita la intervención de Gendarmería.

Si bien Larreta reconoció que el bloqueo de calles es una contravención, aseguró que la Policía Metropolitana no cuenta con la cantidad de efectivos para actuar en estos casos. Y cargó contra el Gobierno nacional: “Hay una decisión política de dejar cortar las calles. El derecho a transitar no es un derecho importante para ellos”, aseguró. A fines de abril, la Metropolitana fue muy cuestionada por la violenta represión que llevó adelante en el predio del Hospital Borda, que dejó 30 heridos.

Durante la tarde, desde la Fiscalía General de la Ciudad se difundió un comunicado que explica que las tareas de prevención que incluyen “el cese de delitos y contravenciones flagrantes” están a cargo de las fuerzas de seguridad, “que actúan en forma autónoma sin que deba emitirse una orden judicial, ya sea fiscal o de un juez, para adoptar las medidas que la normativa autoriza”. Así se regula en los artículos 16 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12 de la CABA).

“Cabe recordar que la normativa vigente establece que las medidas precautorias adoptadas por la prevención deben ser comunicadas al/la Fiscal una vez que fueron llevadas a cabo y de manera inmediata, a efectos de que realice el pertinente control y, en caso de entender que fueron mal adoptadas, las deje sin efecto o, en caso contrario, le dé intervención al Juez”, agrega el comunicado.

El hecho es que son muy pocas las oportunidades en las que la Policía Federal interviene para evitar el corte o al menos liberar carriles para que no se interrumpa por completo la circulación. Según pudo saber Clarín, el jueves la fiscal de turno recibió la primera consulta alrededor de las 20.30. “Tienen instrucción de no actuar”, afirmó una de las fuentes consultadas.

En 2011, la Policía Federal tuvo dos intervenciones que sorprendieron por su celeridad. A fines de abril de ese año desalojaron a los representantes de la comunidad Qom La Primavera, que desde hacía meses mantenían un acampe en el cruce de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Dos meses después, con el apoyo de carros hidrantes y efectivos de Infantería, fueron contra los docentes de Santa Cruz, que se habían instalado frente al Ministerio de Trabajo. En octubre de 2012 les tocó a los ex soldados continentales de Malvinas, que cortaban la 9 de Julio para ser reconocidos como veteranos de guerra.