El intendente Carlos Arroyo decidió suspender la “remuneración por Resultados” que recibían los agentes municipales como consecuencia de las modalidades prestacionales y el régimen especial de incentivos por mérito o productividad, autorizados durante el gobierno de Gustavo Pulti. 

El sistema de productividad o Remuneración por Resultado se comenzó a instrumentar en diciembre de 2011 en áreas como la Dirección de Tránsito municipal y Juzgados de Faltas. Consiste en sustituir el esquema de trabajo en horario extraordinario que se paga por horas extras por un sistema de remuneración por resultados que también contempla incentivos en los horarios de trabajo habitual. 

En los últimos cuatro años, la ecuación fue simple para los agentes de tránsito: mientras más infracciones realizaban más cobraban. Es decir que además de su sueldo, los empleados municipales cobraron otro porcentaje en  el marco de la denominada “Remuneración adicional por Resultados”.  En algunos casos, el monto “extra” superó los 10 mil pesos por mes. 

Según se refleja en el decreto Nº 3645, al cual 0223 tuvo acceso, Arroyo explicó que “la modalidad prestacional dirigida a incentivar el mérito o productividad del personal, se encuentra ínsita en la tarea habitual propia que forma parte de la prestación de los agentes municipales en sus respectivos turnos”.

“Premiar la propia labor de un agente municipal afectado al control de tránsito y juzgamiento contravencional, respecto de la cual percibe un salario, es justamente lo que prohíbe la normativa nacional de tránsito al rechazar cualquier tipo de gratificación, ya sea por su calidad o por recaudación, entiéndase mérito o productividad”, añadió el jefe comunal.

Además, la subsecretaría de Legal y Técnica del municipio advirtió que el sistema de productividad “era incompatible con el cobro de horas extras, en caso de suspensión de dicho pago, debería restablecerse el pago de horas extras por servicios fuera de turno”. 

A fin de determinar la legalidad del régimen de remuneración por resultados y determinar su mantenimiento o revocación, el Ejecutivo local definió llevar adelante “una pretensión judicial dirigida a obtener la declaración de certeza sobre la situación jurídica” del polémico sistema. 

Para finalizar, Arroyo remarcó que “este Departamento Ejecutivo no puede soslayar el perjuicio económico que esta modalidad de remuneración por resultados provoca a esta Comuna. Esto en razón –conforme los datos suministrados por las áreas contables pertinentes- de no haber alcanzado su propio financiamiento, careciendo además de previsiones presupuestarias y de un sistema de medición y control transparente, siendo deficitario para el municipio”.