Llegó el fin de semana y la suspendida intendente de Santa Ana, Ana María Escalante, continúa atrincherada en una oficina de la Municipalidad. La novedad es que el esposo de la jefa municipal quiso ingresar al edificio comunal para acompañar a su pareja pero una guardia de la Policía de la Provincia impidió su acceso, por una orden emitida por la viceintendente a cargo del Ejecutivo de ese poblado, María Mercedes Medina, de que nadie entre a esas instalaciones.
Una vez que se hizo cargo Medina de la intendencia, ésta remitió tales rendiciones y los comprobantes de los gastos para el análisis del Concejo.
Sin embargo, el jueves en un allanamiento de la Policía en busca de armas en el edificio municipal, Escalante aprovechó el accionar de la fuerza del orden para ingresar y atrincherarse en una de las oficinas mientras sus asesores legales esperan por una medida cautelar de la Justicia provincial que le devuelva el cargo.
Por lo pronto, un inventario de bienes ordenado por la viceintendente concluyó con el faltante de una camioneta, destinada para discapacitados, y la chequera de las cuentas de la Municipalidad.
Respecto al rodado, anoche el presidente del Concejo de Santa Ana, Fernando Gómez, comentó a época que detectaron el vehículo en una propiedad privada y que, por ello, formularon otra denuncia contra la suspendida Intendente.
“La camioneta debería estar en los galpones de la Municipalidad, no en una casa particular” aseveró Gómez, quien afirmó que tampoco pudieron encontrar las llaves del rodado.
Sobre la Intendente también pesa una investigación sobre el destino del Fondo Federal Solidario (más conocido como fondo sojero).
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