Díaz Martínez firmó ayer la resolución y dispuso también quiénes serán los peritos del Tribunal que tomarán intervención. Adelantó que el objetivo es analizar si la obra cumplió con todos los requisitos legales al momento de la contratación y durante la ejecución. En este sentido se estudiará si en el cambio de traza, que implicó también una variación en el precio de la obra, hubo algún daño al patrimonio del Estado.

Como se dio a conocer el 22 de octubre de 2012, un informe del inspector de Obra designado por el Ministerio de Servicios Públicos, Ernesto Sandoval, advertía que las condiciones de contratación de la obra y la nueva traza presentaban variaciones en el precio, que superaban el 20% estipulado en la ley de Obras Públicas. Según el cálculo que realizó el profesional, había una diferencia de $600 mil entre la traza que había sido contratada por el Estado (7.000 metros) y la que finalmente realizó Gabiola (4.500 metros), lo que representaba una diferencia del 35% a favor de la Administración. La normativa establece que "en caso de un aumento o disminución superior al 20% en alguno de los ítems, los precios aplicables serán fijados por análisis y de común acuerdo entre las partes", lo que significa que no podía mantenerse el presupuesto original para una obra en la que se habían alterado las condiciones del contrato.

"La justificación técnica-económica del cambio de traza carece, a criterio de esta inspección, de la justificación económica, ya que no hay cálculos ni demostración que sean relevantes para verificar que no se ha superado el límite que establece la ley de Obras Públicas", advertía Sandoval, lo que constituía una de las razones por las que el inspector de obra había decidido no aprobar un certificado de obra.