La contratación de servicios de fundaciones foráneas para la organización de cursos de capacitación en la provincia terminó generándole un serio dolor de cabeza al Ministerio de Salud que conduce Pablo Yedlin.

Mediante la acordada 189, el Tribunal de Cuentas de la provincia (TC) realizó severas observaciones a una resolución de esa cartera que disponía el pago de casi 200 mil pesos con fondos provinciales a la "Fundación del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan" de Buenos Aires, por la realización de cursos destinados a agentes del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

El expediente del TC, al que EL SIGLO tuvo acceso, advirtió serias desprolijidades en el trámite y autorización de pago, por parte del SIPROSA a dicha fundación, por la realización de los cursos especiales "Capacitación para la Nivelación de Empíricos, Auxiliares, Esterilización y Tecnología Médica", por un monto de 120 mil pesos; y del "Curso de postgrado de Actualización en Gestión, Nutrición Clínica y Nutrición Pública", por la suma de 75 mil pesos.

Entre otros aspectos, el TC advirtió que los listados con los nombres de quienes supuestamente serían los asistentes a los cursos (fueron dictados en 2.009) y que figuran en la objetada resolución del Ministerio de Salud (405/SPS-09), mediante la cual se ordenó el pago a la Fundación Garrahan, "no hay constancias de la Dirección de Personal que acredite que los mismos son empleados pertenecientes al Sistema".

Se esquivó el control preventivo

El órgano de control también observó que en el trámite "no se dio cumplimiento con el artículo 127 de la LAF (Ley de Administración Financiera), ya que los Cursos se habrían realizado sin el acto administrativo de autorización pertinente, implicando el empleo de fondos públicos sin haber sido oportunamente sometido al control preventivo" del TC.

Además, advirtió que en la resolución del Ministerio de Salud "se adjunta documentación referente a la Fundación en fotocopias sin certificar" y que "menciona recibos cuyos números no coinciden con los de las copias adjuntadas".

También se observa que "el curso de postgrado en nutrición "en ningún momento es mencionado en su dictamen por el Director General de Asuntos Jurídicos, como así tampoco en el informe del Secretario Ejecutivo Médico".

En la acordada del TC, que lleva la firma de los vocales Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, también se aclaró que "la Fundación debería haber presentado Factura original a nombre del SIPROSA, detallando servicios prestados y debidamente conformada por las autoridades del mismo", lo cual, se habría obviado.

Finalmente, el órgano de control observó, respecto a un Convenio Marco de Cooperación entre SIPROSA y la Fundación, adjuntado a dicha resolución ministerial, que el mismo fue presentado "en fotocopias sin certificar, que además carecen de fecha y de la firma del Presidente del SIPROSA (Yedlin)" y que "tampoco consta aprobación de dicho Convenio por parte de las Autoridades del Sistema".

En consecuencia y teniendo en cuenta todas las observaciones enumeradas, el TC observó con carácter de formal oposición al acto sometido a control (la resolución del Ministerio de Salud), y ordenó la instrucción de una comprobación sumaria a fin de determinar las responsabilidades del caso.

Vale aclarar que, a partir de las observaciones formuladas por el TC, se frenó el pago de los cursos contratados por la Provincia con la Fundación Garrahan, hasta tanto finalice la investigación ordenada.

El otro curso objetado

Días antes, mediante la acordada 188, ese organismo de control había ordenado realizar una investigación en el área de Salud debido a la contratación directa de cursos de capacitación sobre la práctica de endodoncias por un valor de 800 mil pesos, dictados por la Fundación Salud (FUNSAL), encabezada por el profesional chileno Héctor Silva Olivares.

En este caso, el TC cuestionó que la fecha de inscripción de la Fundación Salud en la Dirección de Personas Jurídicas se haya realizado tres meses después del inicio de los cursos. Además, se constató que el número de teléfono del domicilio donde funcionaría dicha Fundación está a nombre del ex funcionario del SIPROSA Raúl Penna, quien actualmente se desempeña como asesor del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, quien es el vicegobernador de Tucumán, en uso de licencia.

Frente a ello, el TC ordenó la realización de una comprobación sumaria en el SIPROSA, a fin de determinar quiénes son los responsables de las presuntas irregularidades en la contratación de FUNSAL y constatar si hubo daño al patrimonio del Estado.

En tanto, los dirigentes opositores Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR), realizaron la semana pasada una presentación ante la Justicia para que se investigue el caso.

Por su parte, el legislador José Luis Bussi (Partido Republicano), presentó ayer un proyecto solicitando la interpelación del ministro Yedlin, a los fines de que éste explique, entre otros aspectos "los objetivos perseguidos con la implementación del curso" y "cuáles fueron los motivos por los que eligió a la mencionada fundación". Bussi también pretende que el funcionario aclare "si la facultad de odontología de la UNT se encuentra en condiciones de dictar el mencionado curso", y que, en caso de que esto último sea afirmativo, señale si "no resultaría mas económico si al curso lo dictaba nuestra prestigiosa casa de altos estudios".

En cambio, el legislador radical, Federico Romano Norri, elevó un pedido de informes al ministro Yedlin, a los fines de que explique todos los actos realizados en el área a su cargo vinculados con la contratación de FUNSAL.

Entre otros puntos, el parlamentario opositor reclamó que el funcionario detalle "todos los pagos realizados y las partidas comprometidas" y señale los "motivos que indujeron a la repartición a contratar a esa fundación".