* Hay un conflicto político, entre el gobierno nacional y la ciudad, en el que sus líderes, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, están más preocupados por no asumir costos políticos que ponerse a trabajar en común.

* Un conflicto social: el gobierno nacional permite una inmigración fuera de control, pero el Estado no establece condiciones ni beneficios para que los inmigrantes den sus primeros pasos. La Ciudad no puede estar ausente de la solución, pero el Estado nacional debe hacerse cargo de una inmigración que excede la capacidad política y económica de la ciudad.

* Un conflicto legal y judicial: intervienen un juez criminal y un juez porteño e intervienen (o, mejor dicho, deberían hacerlo), la Policía Federal y la Policía Metropolitana.

Hay, en este punto, otro asunto de fondo más complejo: la ciudad no es una provincia y, por eso, el Congreso siempre se opuso a transferir al gobierno y a los jueces porteños todas las competencias de investigación y policiales que deberían tener. Por eso, al estar repartidas las competencias, no se tiene en el terreno a dos policías, sino a ninguna.

En suma, en el conflicto entran en juego tres problemas y cada uno tiene, dentro de sí, muchas variables: una situación casi insoluble mientras haya discusión. La única salida es un acuerdo.

En el medio, hay gente con derechos y gente con expectativas.

Gente con derechos: los vecinos, que tienen miedo que les ocupen sus inmuebles, por los que pagaron, y los vecinos de toda la ciudad que tiene derecho al espacio público, que no puede ser ocupado por la fuerza por nadie. Si se quiere fraccionar el espacio público, para entregarlo en propiedad a los ocupantes, debería haber una decisión política.

Y gente con expectativas: los inmigrantes, que tienen la expectativa a progresar, pero en condiciones legales.