Por Analía Doña

El Ejecutivo no se quedará con los brazos cruzados después de que la Fiscalía de Estado dictaminara en contra de sus intenciones de reestructurar la deuda en dólares sin la autorización del Poder Legislativo. Las alternativas que se manejan son tres. La más polémica es desoír lo dicho por el organismo de control y lanzar el decreto sin su visto bueno.

La operatoria propuesta por Rodolfo Suarez y el equipo de Hacienda, rechazada por la Fiscalía de Estado, consiste en pagar los servicios de amortización de capital en dólares en 2023 tomando para ello una deuda nueva en pesos.

Según el dictamen Nº 1.441/22, "para realizar esa operatoria se requiere la previa autorización por ley de la Legislatura con el voto de dos tercios de los presentes de cada cámara", que es justamente lo que el Gobierno no quiere hacer.

Así, una de las opciones que está en estudio en el Ejecutivo es emitir el decreto sin el ok de la Fiscalía. Si esto sucediera, el Partido Justicialista plantearía su inconstitucionalidad ante la Justicia, donde acabaría resolviendo la Suprema Corte.

El Gobierno le busca la vuelta al asunto del roll over

El ministro de Hacienda de la Provincia explicó a Diario UNO que la operación que proponen "le conviene a Mendoza porque estipula una operatoria concreta y específica que mejora objetivamente el perfil de deuda. Sobre todo con las condiciones imperantes en el mercado actual, que creemos que se mantendrán en el mediano plazo".

En tanto que el propio gobernador Rodolfo Suarez apuntó, durante el aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, contra el fiscal de Estado, Fernando Simón: "La oposición siempre nos ha negado que podamos rollear una deuda. Nosotros entendemos que la legislación actual lo permite, pero tenemos un fiscal de Estado que ha dicho que no, a pesar de que es conveniente lo que queremos hacer".

De todas maneras, la Fiscalía no objeta su conveniencia. Lo que advierte es que no es una herramienta que esté permitida sin la autorización de la Legislatura, con las mayorías que marca la Constitución Provincial.

Así planteada la cuestión, lo primero que pensaron en el Ejecutivo fue responder al dictamen y contraargumentar pero esto no tiene efectos jurídicos por lo que no resuelve el dilema.

Mientras tanto, ya el gobernador dijo que va "a seguir dando esta pelea porque son herramientas que nos van a permitir volcarlas en obras" y la necesidad de reestructurar pagos por el vencimiento de más de 120 millones de dólares del pago de capital del bono emitido por Alfredo Cornejo es imperiosa por lo que buscan alternativas.

Una de ellas, como anticipó el periodista Julián Imazio en Séptimo Día por El Siete, es que el gobernador Suarez emita el decreto que ya pasó por otras áreas de Gobierno y fue bochado en la Fiscalía. Con su publicación en el Boletín Oficial entraría en vigencia y ya después, si alguien -léase el peronismo- quisiera ir en su contra, debería judicializarlo.

La otra alternativa es que el propio oficialismo sea el que vaya a la Corte con el asunto mediante una acción declarativa de certeza, que básicamente busca que sea el Máximo Tribunal el que dirima si le asiste o no derecho al Gobierno de hacer lo que propone.

En tanto aquella como en esta, sería la Suprema Corte en pleno la que fallaría. Y allí, como tanto se ha dicho, el radicalismo pone su esperanza en los jueces afines, que son mayoría (4 a 3).

Una tercera opción, menos probable porque el "no" está asegurado, es ingrear el proyecto de ley a la Legislatura como pretende la Fiscalía de Estado.

Qué es lo que el Gobierno pretende con su propuesta de roll over

En su dictamen, el fiscal de estado explica que el borrador del decreto de Suarez establece en el artículo 1 "disponer la emisión de Títulos Públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses".

Es decir que la propuesta "consiste en realizar una operación de crédito nueva (nuevo acreedor, monto, moneda, tasa, etc.) mediante la emisión de títulos públicos, destinando los fondos obtenidos a cancelar los servicios de amortización de capital correspondientes sólo al año 2023 de una deuda preexistente, a su vencimiento y en las condiciones inicialmente pactadas, es decir sin producir ninguna modificación en sus términos originales".

No se cambian ni se pagan anticipadamente los vencimientos inmediatos ni los vencimientos futuros de la deuda preexistente, sino que se mantienen y cumplen sus condiciones originarias. Y a su vez se suma una deuda nueva a la deuda pública considerada en su globalidad.

En resumen, el efecto que la operación propuesta produciría es que, en lugar de pagar los servicios de capital del 2023 de la deuda originaria con recursos propios de la Provincia, se toma deuda nueva para pagarlos, sin producir alteración alguna de aquella deuda preexistente.

Para la Fiscalía, "la conveniencia que dicha operatoria puede presentar para la Provincia a la luz de las actuales oportunidades que brinda el mercado financiero, como también la necesidad de la administración de contar con una mayor flexibilidad para la gestión de los pasivos, aun cuando resultase compartida por esta Fiscalía de Estado, no constituye argumento suficiente para apartarse de la normativa constitucional y legal vigente".