Mientras el fiscal Jorge Bonvehí pidió 10 años de prisión a una pareja de nacionalidad boliviana por el delito de trata de personas, el defensor Gastón Gómez afirmó que “este expediente es una barbaridad” y solicitó la absolución.

Ahora el Tribunal Oral Federal, integrado por el presidente José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava debe resolver el veredicto. La sentencia se conocerá esta tarde.

La acusación apunta a Adolfo Marín Carapi (boliviano) y a su ex esposa Joséfina Muruchi Vilca. Ambos son dueños de las tienda Moda Marín, un local que funciona en la calle Gil al 400 entre avenida San Martín y Lisandro de la Torre.

El caso se conoció en septiembre de 2011. Hubo gran difusión en algunos medios. La oficina de Migraciones, a cargo de Paula Grotto intervino en el caso e informó a la justicia federal (intervino por el tipo de delito considerado).

Todo se inició por la denuncia de Beatriz Vilca Calizaya, una joven boliviana quien se peleó Adolfo Marín Carapi y lo denunció por la explotación de otra mujer, María y por su situación. Decía que eran oblgadas a trabajar en ese local y hacer tareas domésticas fuera de horario.

Finalmente al realizar el allanamiento advirtieron en el local de la calle Gil a una menor M.P.Y., quien entonces tenía 16 años.

La adolescente, la otra mujer y Beatriz provenían de una familia pobre de agricultores, del pueblo de Cala Cala. Es un pueblo de entre 70 y 80 habitantes de Bolivia.

Para el fiscal Jorge Bonvehí se demostró el caso de trata, que incluye el reclutamiento o captación, el traslado, el recibimiento y el acogimiento de una persona para su explotación laboral, como en este caso.

El fiscal no creyó las versiones ni de Adolfo Marín Carapi y de Josefina Muruchi Vilca. Esta tenía firmada el permiso por 90 días de los padres de MPY, para venir a la Argentina.

La acusación principal fue para Josefina Muruchi Vilca: el fiscal la acusó de la captación de la menor y de la coautoría del transporte y el acogimiento (esto difiere del recibimiento ya que incluye una morada). Para Adolfo Marín Carapi sostuvo la acusación de coautoría del transporte y recibimiento.

Como el delito del que se acusa a la pareja tiene penas de entre 10 y 15 años, Bonvehi -por la falta de antecedentes, el comportamiento en el juicio, los informes ambientales y la colaboración ante la Justicia- les pidió el minimo. Pero dijo que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la víctima, de su pobreza y falta de educación. La trata implica la “cosificación” de la víctima para un rédito económico dijo Bonvehí y de allí la dureza lapena.

Defensa

El abogado Gastón Gómez atacó con dureza la acusación de Bonvehí y la causa misma. “El fiscal tuvo que hacer un sumo esfuerzo para su acusación. Este no es una caso de trata. Fue muy correcto, ajustado a los formal pero alejado de la realidad. Se construyó un castillo sobre la arena”, disparó.

Gómez remarcó que la causa se inició con tres casos, pero sólo llegó uno al juicio oral, el de la menor. “La acusación fiscal muestra como estos juicios salen de contexto y nos lleva a una barbaridad”, remarcó.

Dijo que “nada encaja en un caso de pobreza, de mujeres y de explotación”. Aseguró que tanto las víctimas como los victimarios son “pobres, con poca educación y migrantes”.

El abogado remarcó que la denuncia de Beatriz Vilca Calizaya se hizo 15 días después que la denunciante y la menor llegaran a la Argentina. Dijo que se demostró que hubo llamados entre la menor y su familia. “Se le hubiera extendido en el tiempo, en meses, en años...Pero fueron 15 días. Y Josefina se peleó con Beatriz. No hay explotación ni cosificación”, afirmó.

Gómez dijo que las mujeres ingresó por Villazón, el pueblo que retrató el programa Periodismo Para Todos el domingo pasado. “Se mostró que cruzaban el río, que ingresaba droga. Es un colador. Pero Josefina ingresó en forma legal. Y estaba en pleno centro, a la vuelta de la municipalidad”, remarcó.

Criticó a la Policia Federal y a la delegada de Migraciones Paula Groto. “Groto dijo que estaba muy preocupada. Pero después no supo más nada de la víctima. Ni que se fue cuatro meses después”, disparó. En el caso de la Federal fue por un operativo con diez personas y patrulleros en un lugar donde había varios niños.

“La causa es desprolija”, dijo Gómez. Y pidió la absolución de la pareja acusada.