La historia parece repetirse en muchos casos: mujeres que no están trabajando por su propia voluntad, mujeres que fueron traídas de otros países con promesas de trabajo, mujeres que aún no son mujeres plenamente, son niñas a las que les fue arrancada su infancia para ingresar a una dura y precoz adultez.

De un tiempo a esta parte, la trata de personas parece haberse convertido en una cuestión de Estado. Como si antes no hubiera existido, hoy la lucha contra este flagelo es pancarta de políticos, personalidades y demás integrantes de la sociedad. De una sociedad conformada por todos y todas, de una sociedad que, poco a poco, ha comenzado a comprender la magnitud de una problemática que está más cerca de la realidad de lo que se cree.

En Mar del Plata, algunos informes elaborados por organizaciones sociales señalan que hay alrededor de cuatrocientos prostíbulos, que hay mujeres esclavizadas y “que hay medios de comunicación que promocionan mediante sus avisos de oferta sexual el consumo de prostitución”.

Daniel Adler es Fiscal General Departamental, y Docente Universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante una entrevista concedida por el profesional al programa radial Crítica Penal de FM De la Azotea 88.7 Radio Comunitaria (www.criticapenal.blogspot.com), Adler se refirió al delito de la trata de personas, al accionar del Estado en su persecución y a la intervención de agentes especializados para la contención de las víctimas. Además, el Fiscal abordó cuestiones relativas a las acciones estatales contra los avisos clasificados vinculados a la prostitución, el Consejo Federal de Política Criminal y la persecución de la trata de personas con fines distintos a la prostitución. “Debe haber coordinación entre la Justicia y los organismos específicos”, aseguró, en el marco de la entrevista.

- ¿Qué es la trata de personas? Y específicamente la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

- La trata es fundamentalmente una explotación humana, de unos sobre otros, en base al poder. Básicamente es esto, la ley tipifica tres situaciones de explotación: la laboral, la sexual y la de tráfico de órganos. Cada uno de estos tiene subcapítulos y especialmente se protege a mujeres y niños, por el Protocolo de Palermo.

- ¿Existe un protocolo de actuación para las investigaciones de este delito?

- Es complejo porque todo lo que signifique un gran interés económico genera corrupción. Hay no solamente protocolos locales y nacionales sino también internacionales, que se siguen.

Básicamente hay que ser una buena escucha de la víctima, eso significa poner atención, respetarla, brindar asistencia, darle un lugar, ser un observador de la realidad. Durante mucho tiempo tuvimos situaciones que no eran vistas por los que no querían ver esa realidad, por ejemplo, lo que pasaba con los avisos de los diarios o clasificados. Hoy todos esos elementos llevaron a que se realizaran investigaciones y que ahora haya condenas.

- Desde el ámbito judicial, ¿qué es lo que se ha hecho en materia de trata de personas en Mar del Plata? ¿cuál es el cuadro de situación de este flagelo en la ciudad?.

- Hace unos años atrás, antes de ser sancionada la Ley de trata, comenzamos a trabajar con un grupo de personas, con la comunidad, con mujeres y hombres y se comenzó a observar la problemática como algo serio. Así se lograron cuestiones, desde lo político, como la sanción de la Ordenanza que prohíbe la circulación de folletos con propagandas.

Hoy hay nuevas Ordenanzas que ponen el tema en debate en el Concejo Deliberante y esto está enmarcado en una política nacional, de abordaje. En mi opinión, no hay que hablar de “lucha contra algo” sino de un abordaje de las cuestiones de modo pluridimensional, porque de lo contrario no se llega a las solución que queremos, que es que no exista la trata.

Los allanamientos no son el único paso. Mar del Plata es una ciudad de explotación, y por eso, ese último paso de la trata se da muchísimo en la ciudad. Ha habido casos investigados por fiscales y jueces y hemos tenido buenos resultados, ya que hay gran pluralidad de sentencias condenatorias.

- A través de la investigación, ¿se logra llegar a lo más poderosos de la cadena o a los que custodian?.

- Hay una resolución que obliga a los fiscales a investigar no solamente a quien regentea un prostíbulo sino también a los funcionarios policiales y municipales. Nos hemos encontrado con situaciones en las que muchos funcionarios que encubrían la actividad ilícita, y además había policías dueños de los prostíbulos también.

Creo que castigar al consumidor en este caso no sirve, porque el sistema penal no va a traer al traficante de personas, sino a quien consumió sexo. Lo que hay que buscar es abordar y encontrar quién financia la trata, quién explota a las mujeres y quiénes son los cómplices.

- En este trabajo, ¿cuál es el rol que tienen las organizaciones sociales?.

- Es fundamental el trabajo de las organizaciones, por la información que nos traen y porque por lo general del Estado se desconfía en estas cuestiones. Para nosotros el trabajo con ellos es sumamente importante para la obtención de datos, para conocer cómo es el ir y venir y ver cómo está la cuestión realmente en la ciudad.

VÍCTIMAS Y CONTENCIÓN

- ¿Cómo abordan los allanamiento y cómo trabajan con la policía?.

- En los allanamientos participa personal policial y de la Fiscalía con gente del Ministerio de Justicia. El problema que existe tiene que ver con el abordaje dificultoso, el tema más importante es la asistencia y eso es algo bastante complejo.

Para el caso, debo decir que no hay una regla de cómo, ya que el accionar depende del caso y de cómo se haya iniciado la investigación. Lo ideal es que asista personal del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Oficina de trata, y gente del Municipio. En mi opinión es necesario que vayan los fiscales y personal específico de las fuerzas de seguridad, porque actualmente las fuerzas tienen cursos y divisiones especiales, y ha habido un avance en ese sentido, ya que la Argentina ha tomado una iniciativa de importancia. Actualmente las políticas relacionadas con la trata de personas están abaladas por los tres poderes del Estado y eso siempre es importante.

- ¿Qué tipo de tratamiento y contención se le garantiza a las víctimas del delito de trata?

- En realidad la Oficina de trata es la aborda específicamente este tema, al punto tal que existe para los funcionarios judiciales la imposibilidad de conocer a los lugares donde se lleva a las mujeres. Creo que eso está bien, porque la intervención nuestra puede dificultar, pero lo que vemos, en rigor, es que el tema del tratamiento y la contención es algo de muy difícil, ya que muchas mujeres vuelven a ser explotadas, les cuesta dejar la prostitución. En un punto, hay una cuestión muy seria que pasa por la necesidad del desarrollo de políticas sociales para esta problemática.

Es compleja la cuestión de trabajo: me parece que en un punto caminamos junto con el Ejecutivo en la intervención, pero en la contención no podemos hacerlo, porque el abordaje de la reinserción es algo que tiene que ver con la contención de las víctimas y el poder judicial no interviene. Lo que sí puedo decir es que hay un punto muy importante de contacto en el abordaje inicial: hay y debe haber coordinación entre la Justicia y los organismos específicos.

- ¿Qué opinión le merecen las políticas públicas impulsadas en el último tiempo? (avisos de oferta sexual, operativos municipales, clausuras de imprentas)

- Todo lo que es prevención es fundamental y las normas tienden a evitar la intervención del derecho penal, que debe hacerlo en las cuestiones más graves. Lo más positivo es que el Municipio se ha consustanciado y los avances son impensados, se nota la diferencia. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con qué hacer con la prostitución, eso también debe discutirse públicamente. Asimismo, se debe analizar el abordaje de la sexualidad: esta proliferación de prostíbulos ha tenido mucho que ver con la juventud y una cultura que incide en la proliferación de la oferta y la demanda. Lamentablemente esto es un mercado en el que la mujer y los niños son explotados.

- ¿De qué modo articula el trabajo la Justicia Federal con la Provincial, que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de los delitos por explotación de la prostitución?

- Hay una institución a nivel nacional, el Consejo Federal de Política Criminal, que está integrado por los fiscales generales y provinciales de todo el país. Este consejo ha desarrollado la necesidad de tratar de generar colaboración entre ambas justicias. Aquí en Mar del Plata lo intentamos hacer con la justicia provincial y hemos tenido cierto tipo de acuerdo, con buenos y positivos resultados.

- Más allá de la trata con fines de explotación sexual, ¿Se aborda intensamente también la trata de personas con fines, por ejemplo, de explotación laboral?.

- En eso estamos, estamos trabajando y tratando de abordar un tema que es muy complejo. Hace poco tuve una intervención con este tema, pero como reflexión lo que se puede decir es que muchas veces este tema se ha puesto de moda, pero no siempre se mira con atención lo que tiene que ver con el trabajo forzado o forzoso, algo que merece cuidado, porque aunque no siempre hay trata es necesario prestar atención. Se han iniciado causas por la explotación de muchas personas en cooperativas de pescado por ejemplo y eso es algo que evidentemente está enmarcado en el trabajo forzado, por las horas, por la precariedad laboral, por la ausencia de formalidades y demás. La Argentina está abordando esta cuestión y hay que analizar este tema, no se puede decir “esto es trata y aquello no”, sino que hay que observar y estudiar. Hay muchas situaciones que no son de trata pero sí de trabajo forzado y eso también merece la atención del Estado, por el derecho penal o a través de otro abordaje.

EL MARCO LEGAL

La ley 26.364 tipifica el delito de trata de personas, lo incorpora al Código Penal y establece la competencia de la Justicia Federal en su investigación y persecución.

Así, se define la trata de personas destacando acciones, medios y fines, e incluye diversos propósitos de explotación: sexual, laboral, extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. En el caso de personas menores de 18 años, los medios (engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción) no deben ser probados: basta con la captación, el traslado y la acogida con fines de explotación, sin que importe el consentimiento de la víctima. Pero, según lo previsto en la Ley, las personas mayores de edad sí deben demostrar que no hubo consentimiento de su parte. La ley, además, también establece que las víctimas no son punibles por delitos que hayan cometido como resultado directo de haber sido víctimas.

Con la promulgación de la ley 26.364 entró en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas. Así, el delito es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que pueden elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. Además, en el caso de que las víctimas sean menores de edad, la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, la misma va de 6 a 15 años de prisión efectiva.

A mediados de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 936, anunció la prohibición del “rubro 59" de anuncios clasificados para el comercio sexual en medios informativos de la Argentina. Así, a través de este decreto que complementa el marco legal creado por la ley 26.364 sancionada en abril de 2008, se busca la prevención y sanción de la trata de personas.

Por otra parte, en Mar del Plata, la Ordenanza 19.789 prohíbe la habilitación municipal para whiskerías, cabarets y departamentos que funcionan como privados, siendo Inspección General, la autoridad de aplicación de esta normativa. También, hay una Ordenanza que regula la Asistencia a la víctima de trata.