Actualmente cuatro intendentes de distintas localidades de la provincia están siendo investigados por presuntas connivencias con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

Ahora Baric dio a conocer sus críticas en un documento por la Procuración General de La Nación. Este organismo recordó que el 9 de mayo de este año, luego de reiterados pedidos por parte de la fiscalía, procesaron al intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, y al subcomisario Carlos Alanís, ambos acusados de ser cómplices del funcionamiento de una red en un local nocturno entre diciembre de 2007 y noviembre de 2009.

En el segundo, el 10 de junio, la jueza federal subrogante, Iara Silvestre, ordenó los llamados a indagatoria del intendente de la localidad pampeana de Macachín, Jorge Cabak, y del comisario Hugo Iglesias, investigados por encubrir a una red de trata de personas que operaba en local nocturno "Chicho Show". Pero se quejó de la tardanza de la jueza.

A su vez, el 8 de julio Baric apeló el sobreseimiento de la exintendenta de General Acha, María Elena García; del exsecretario de Gobierno del municipio, Luis Javier Bassa y de Nicolasa Beatriz Cárdenas, quienes habrían hecho la "vista gorda" con otro prostíbulo denominado "El Delfín", donde Cárdenas se desempeñaba como encargada. A Bassa se le imputa haber extendido la habilitación comercial de otro local nocturno llamado "El Amanecer", que en realidad funcionaba como una "casa de tolerancia".

Finalmente, en agosto, el representante del Ministerio Público solicitó la imputación de David Bravo, intendente de 25 de Mayo. Este jefe comunal ya ha sido condenado por la Justicia provincial en otro caso por abuso de autoridad en el marco del mismo delito. Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaret "Venus", a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe "la habilitación de cabarets, night clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo".

La causa de los intendentes Rogers y García se encuentran en la Cámara de Casación debido a las apelaciones presentadas por los abogados de los acusados. En el caso de Rogers, la defensa recurrió los procesamientos y la fiscalía la falta de prisión preventiva. En el expediente de García, Bassa y el resto de los imputados, el representante del Ministerio Público apeló el sobreseimiento que se dictó en favor de ellos. Las otras dos causas, en las que están involucrados Cabak y Bravo, aún se encuentran en ronda de indagatorias.

Baric resaltó los grandes problemas que debió sortear por enfrentar al poder político."En estos casos -dijo- encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir 'son putas porque les gusta'. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas fue el principal escollo. En la causa de Rogers, son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a declarar en indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba, sobre los dos funcionarios no ordenaban su indagatoria. Me llegaron a advertir que al peronismo de la Pampa no veía con buenos ojos lo que yo estaba haciendo".

"No solo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino por el contrario", expresó. "Metieron más trabas que nadie. Inclusive en la causa de Rogers, para que 

lo procesen tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá. En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual jueza con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alanís, la íbamos a denunciar a ella".