Es decir, para la magistrada no cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

García, pudo saber Diario Textual de fuentes extraoficiales, ya fue notificada. La jueza también sobreseyó al exsecretario de Gobierno comunal, Javier Basa.

En tanto, aún no definió la situación procesal del juez de Faltas, Sebastián Sancho, quien podría estar más comprometido. Este funcionario, se supo, pidió la ampliación de su indagatoria.

García y Basa estaban sospechados de haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es posible que el fiscal federal subrogante, Juan José Baric, apele la resolución de la jueza y termine definiendo la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Este caso se inició en 2011. En allanamientos ordenados por la Justicia federal, se comprobó que en dos cabarets, El Amanecer y Venus, se ejercía la prostitución.

Estaban habilitados como cabarets, es decir, locales donde se bailaba. Sin embargo,ambos eran prostíbulos encubiertos.

Los dos locales fueron reabiertos poco después. Por eso la Justicia inició, paralelamente a una causa contra los dueños de los locales, una investigación contra las autoridades comunales.

En 2011, en Venus encontraron a varias mujeres, extranjeras, trabajando como "alternadoras" y una "gran cantidad de clientes, todos ellos hombres" en el salón principal, informaron fuentes judiciales.

Además, se encontró la edificación de una planta con varias habitaciones con camas. En dos de ellas se hallaban dos parejas encerradas. También encontraron una "libreta sanitaria" y se comprobó la situación de vulnerabilidad de las mujeres entrevistadas en el momento del allanamiento: la mayoría era madres pobres, cuyos hijos se encpntraban en su país de origen, y a los cuales mantenían económicamente, al enviarles dinero.

En El Amancer, en tanto, se constató que trabajaban al menos cuatro mujeres dominicanas y otras tantas argentinas, oriundas de distintas provincias.

En La Pampa, además del caso de García, hay otros intendentes involucrados en causas judiciales por los prostíbulos. En 2013, el juez Néstor Daniel Ralli condenó a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos al intendente de 25 de Mayo, David Bravo (Movimiento Veinticinqueño), por el delito de abuso de autoridad. Para el magistrado, habilitó irregularmente un cabaret, El Rancho. El intendente apeló y el martes Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena. Como la sentencia no está firme, puede seguir en el cargo.

El otro intendente involucrado, aunque por un delito más grave, es Luis Rogers (PJ), de Lonquimay. Recientemente la jueza Silvestre lo procesó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Directamente lo involucró en el engranaje necesario para el funcionamiento del prostíbulo. Si queda firme este procesamiento, irá a juicio oral y público.

A su vez, otro de los acusados es el intendente de Macachín, Jorge Cabak (PJ), por el funcionamiento del local La Chicho Show. Será indagado este viernes por la jueza.