La mayoría agravada del Concejo Deliberante santarroseño, que destapó la olla en el Municipio ante manejos poco claros de gestión, marcó este martes la cancha una vez más. Los ediles resolvieron comunicar el incumplimiento de los deberes de funcionario público del Intendente. Lo hicieron ante requerimientos truncos al Ejecutivo comunal impulsados antes de la salida salomónica establecida desde el Superior Tribunal de Justicia, desde donde se repuso en el cargo a Marcelo Otazo con la condición de que éste presente toda la documentación exigida hace tiempo por el Legislativo municipal.

La sesión de esta semana permitió a la mayoría de los concejales (sólo el hermano de Otazo se opone al proceso constitucional) poner en consideración que -hasta este martes 25- el Intendente no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 171, inciso 15. Aseguraron que este escenario fue el que motivó el dictado de la Resolución Nº 55 del 7 de octubre, a través de la cual, en uso de las facultades conferidas por el artículo 143, inciso 11 de la Carta Orgánica, el Concejo Deliberante intimó al Ejecutivo municipal para que eleve la rendición trimestral de cuentas; ello, con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto por Ley, por lo que se otorgó un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento. Vencido el plazo, sin verificación de observancia alguna, los concejales resolvieron "decretar el incumplimiento por parte del Intendente municipal de sus deberes de funcionario público, por no haber cumplimentado lo dispuesto por el artículo 241, primer párrafo de la Carta Orgánica municipal, y en correlación con la misma incumpliendo lo ordenado por el mismo cuerpo legal en el artículo 171, inciso 15".

POR CUENTAS CLARAS

La sesión del martes permitió abordar la polémica rendición de cuentas del Ejecutivo. Se le recordó al Intendente que las primeras dos etapas se encuentran en la Comisión de Hacienda y Finanzas del Concejo, ya siendo auditada la documentación por el contador Norberto Brabo. Ante esto, le remarcaron a Otazo que es "indispensable contar con los libros, diarios, de caja, de cheque, de inventario y balance que según el acta de audiencia pública en el Superior Tribunal de Justicia, el Intendente ha manifestado que cuenta con los mismos. A cuyos efectos, y para poder este cuerpo dictar dictaminen sobre dicha rendición".

Por esta situación, el cuerpo deliberativo decidió solicitar que en el término de 24 horas de notificado el Ejecutivo municipal sobre la resolución, remita los libros, diario, de caja, de cheque, de inventario y balance con la correspondiente certificación, a efectos de dictar resolución sobre la rendición de los dos primeros trimestres". A la vez definieron "suspender el plazo de ley hasta tanto se cuente con la documentación requerida y que no fuera aportada por el Poder Ejecutivo municipal".

Otazo anda con la guillotina

En las últimas horas, denunciaron mediáticamente al intendente, Marcelo Otazo debido a que cesanteó a dos funcionarios por razones políticas.

En Santa Rosa aseguran que se trata de "una nueva muestra de intolerancia y arbitrariedad" del Jefe comunal.

Es que, de acuerdo a lo descrito, por resolución expulsó de su Gabinete a dos funcionarios que en distintas oportunidades manifestaron su adhesión al control ejercido desde el Concejo Deliberante a las cuestas municipales.

Los despedidos fueron la subsecretaria de Desarrollo Social, Carolina Benítez, con más de nueve años de antigüedad en la Municipalidad, y el subsecretario de Producción, Adrián Ernesto López, que asumió en la actual gestión en el cargo y sumaba cuatro años como personal administrativo.

Los concejales aseguraron que la decisión emanó del Ejecutivo sin ofrecer motivos. En la Resolución 53 se indica que en el caso de López "no ofrece confianza" y por eso se resuelve darlo de baja.

Entendieron que fue "una muestra de apriete" para que otros trabajadores o funcionarios eviten manifestar su adhesión a lo que señalan como un esfuerzo de la mayoría agravada del cuerpo para transparentar los gastos en el Municipio.

Todo sigue igual

Lo que avizora la mayoría agravada es que nada cambió desde que hicieron cumplir los procesos establecidos por ley, consensuando el juicio político y suspensión del Ejecutivo, el cual se amparó en presuntos lazos con el poder provincial recurriendo a la Justicia para obtener un paraguas momentáneo con su reposición en el cargo.

Esta característica de transitorio la dio el accionar de Otazo, quien continuó sin presentar documentación alguna requerida hace ya más de un mes. A ello se sumó el avance persecutor -tal lo describieron en las últimas horas los agentes municipales- del Intendente, quien echó a dos funcionarios por evidentes razones políticas.