La Cámara de Diputados le pidió esta semana al gobernador Hermes Binner un relevamiento de los ex presos políticos de la dictadura, como paso previo para sancionar una ley que les reconozca una pensión vitalicia similar a la que ya tienen los veteranos de la guerra de Malvinas. "El gobierno no tiene datos de identidad y residencia de quienes padecieron el terrorismo de estado, sufrieron graves tormentos, les robaron sus bienes y sus hijos y en muchos casos perdieron su vida. Es hora de que los tenga", dijo el diputado Marcelo Brignoni, uno de los autores de la iniciativa junto a sus colegas Gerardo Rico, Luis Rubeo, Alberto Cejas, Claudia Saldaña (Frente para la Victoria) y Oscar Urruty (Partido del Progreso Social).

El proyecto de los kirchneristas fue aprobado por unanimidad y a pedido del bloque oficial. Se trata de un pedido al gobierno de Binner para que la provincia adhiera al programa Registro de Ex presos Políticos que gestiona el Archivo Nacional de la Memoria y "realice el relevamiento de quienes estuvieron privados de su libertad" por causas políticas gremiales o estudiantiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Brignoni consideró el censo como el primer paso para sancionar en la Legislatura una ley que otorgue a los ex detenidos políticos una pensión vitalicia similar a la que cobran los veteranos de Malvinas. En este caso, el proyecto fue presentado en julio último por los mismos legisladores, más los diputados José María Tessa (Encuentro) y Antonio Riestra (Frente Progresista).

La pensión vitalicia estaría destinada a los santafesinos que "fueron condenados por un consejo de guerra, estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o privados de su libertad de cualquiera de estos u otros modos ilegales por causas políticas, gremiales, estudiantiles" y padecieron "el terrorismo de estado reinante" durante la dictadura. El proyecto espera el acuerdo del Frente Progresista para ser aprobado y prevé un beneficio similar al que cobran los veteranos de Malvinas, equivalente a tres veces el haber mínimo de pensión vigente en Santa Fe. Una ley de esta naturaleza "número 14.042 ya está vigente en la provincia de Buenos Aires, por lo que si prospera el trámite legislativo, Santa Fe sería segunda provincia del país en resarcir a quienes sobrevivieron a las torturas y martirios en los centros clandestinos de detención.

"Nos han dicho que el gobierno provincial no tiene datos de identidad y residencia de quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de estado como práctica institucional, padecieran graves tormentos, fueron privados de su libertad, les robaron sus bienes y sus hijos y en muchos casos perdieron su propia vida en la cárcel. Bueno, es hora de que los tenga", dijo el diputado Brignoni.

"Durante la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia argentina, los señores del poder eran amos de la muerte. Y sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes del genocidio. Por lo tanto, nuestra tarea de hoy es ser voceros de las victimas de aquel horror, solidarizándonos con aquellos que padecieron en las cárceles", agregó el legislador.