El gobernador José Manuel de la Sota defendió la actuación del jefe de Policía, Julio César Suárez, y consideró que los funcionarios deben ser removidos cuando están procesados y no cuando hay una imputación.

De este modo, el gobernador dejó en manos del juez de control, Carlos Romero, la continuidad del jefe de Policía.

El magistrado debe resolver si confirma o rechaza la imputación que el fiscal Alfredo Villegas dictó sobre Suárez, por el delito de coacción, luego de que el periodista de los SRT Dante Leguizamón lo denunciara por amenazas.

“El jefe de Policía pidió disculpas por ese tema”, manifestó De la Sota, cuando fue consultado por la denuncia que el periodista presentó ante la justicia provincial.

Además, el gobernador resaltó la tarea de la cúpula de la Policía en la lucha contra el delito.

Al hacer la distinción entre imputación y procesamiento, De la Sota hizo un llamativomea culpa sobre el alejamiento del entonces ministro de Transporte, Dante Heredia, quien renunció al gabinete provincial, en mayo del año pasado.

Heredia dejó el cargo, luego de que un hombre de su confianza, Ramón Sánchez, en aquel momento, titular de Caminos de las Sierras, quedara involucrado en una cámara oculta, en un presunto cobro de coimas a un empleado de la empresa estatal.

“La Justicia después lo sobreseyó (a Heredia) pero yo ya lo había desplazado”, reconoció De la Sota, sobre la actual legislador provincial.

La cuestión es que en aquel momento, desde el Gobierno provincial se dijo que Heredia no había sido desplazado, si no que presentó su renuncia para presentarse ante la Justicia.

En realidad, Heredia no estaba involucrado en la cámara oculta que difundió Canal 10 de la UNC. El protagonista fue un hombre de su confianza, lo que generó un impacto político que hizo imposible sostener al ministro al frente de la cartera de Transporte, que luego fue convertida en secretaría.

Tres meses después, dos funcionarios importantes, como el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía, Ramón Frías, también debieron dejar sus cargos, cuando estalló el narcoescándalo.

Los dos funcionarios tampoco fueron imputados por la justicia, pero debieron renunciar para evitar mayores consecuencias políticas para la gestión delasotista.

Decisión del fiscal

Más allá del respaldo político del gobernador, el jefe de Policía sigue en una posición incómoda en la justicia provincial.

El fiscal Villegas rechazó ayer el planteo de nulidad a la imputación por amenazas, que presentaron los abogados defensores de Suárez.

Ernesto José y Ernesto Alfredo Gavier (padre e hijo), pidieron la nulidad, al entender que los hechos descriptos en la causa no constituyen amenaza y que el decreto de imputación fue infundado.

Villegas consideró que su labor fue la correcta e insistió con la imputación por coacción. Ahora, ante esta discrepancia, definirá el juez de Control Carlos Romero.

Lo concreto es que si el juez confirma la imputación y lo procesa, Suárez deberá abandonar la Jefatura de Policía.