Los integrantes de la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) dieron a conocer que el servicio que prestan se cumplirá en los horarios nocturnos previstos, pese a que aún queda por definir cómo se garantizará la seguridad a los pasajeros.

La comunicación llegó por medio de Ricardo Harvey, representante legal del grupo de firmas, quien consideró que los coches trasladan pasajeros en las noches "aun cuando se opera fuera de la norma", ya que considera que las ordenanzas establecen el corte de las trazas en ciertos horarios.

El administrativo reveló a EL LIBERTADOR que pese a las contrariedades "actualmente se hace la prestación sin problemas", y agregó que "van a seguir los recorridos, porque es un compromiso asumido y acordado con la comuna".

El abogado se refirió a la polémica abierta sobre la permanencia de policías en los colectivos durante las noches, y reveló que existió una reunión entre los representantes de la Municipalidad, y de la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia para organizar los operativos de prevención.

En ese cónclave el Gobierno habría garantizado la existencia de al menos un uniformado por unidad, cuestión que actualmente está en dudas.

Pese a que existen expectativas en torno a la medida de seguridad, el representante de las empresas afirmó que "para la empresa el riesgo es mínimo, porque los colectivos tienen sistema GPS, y si los roban podrán ser detectados".

Siguió con los ejemplos, y agregó que "el dinero de la recaudación tampoco puede ser robado, porque los choferes no manejan dinero. Y es casi imposible desmontar una máquina expendedora para llevarse sólo monedas".

Por último, Harvey afirmó que "el tema de la seguridad la tienen que resolver la Municipalidad con el Gobierno", ya que, según considera, la importancia de contar con un guardia a bordo radica en que tanto los choferes como los pasajeros deben tener garantizada la seguridad ante un hecho imprevisto. "La custodia debe ser para servir al pasajero, no a la empresa", indicó.

En tanto, se pudo saber extraoficialmente que el Gobierno considera que poner policías en las unidades representaría un grave daño al sistema de prevención del delito, ya que se debería disponer personal que cumple servicios en los blindajes permanentes en las calles.

Otro inconveniente radica en que los uniformados que presten servicios deberán percibir una paga extra, costo que, según la visión de los gubernamentales, debería ser abonado por las firmas, abono que éstas se niegan a cumplir.