En la sesión de ayer, el Partido Obrero debió transar y, aunque insistió en que las auditorías necesarias para conocer el “sospechado” destino de fondos del Concejo Deliberante, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, debía ser realizada por contadores públicos nacionalescontratados por los distintos bloques que integran el cuerpo deliberativo, finalmente aceptó una fórmula bastante diferente, aunque igualmente de dudosa legitimidad .

El Concejo Deliberante aprobó una auditoría que debe ser realizada por tres contadores designados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, decisión que excluye “contadores militantes” pero prescinde de la competencia que la ordenanza 5.552 otorga al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.

Además, no se investigarán los dos años de la presidencia de Tomás Rodríguez -2012/ 2013, sino que se pretende auditar los últimos 10 años. No obstante, desde el mismo Consejo de Ciencias Económicas confirmaron ayer a este medio que no van a participar de las auditorías dado que es una función que recae exclusivamente sobre el Tribunal de Cuentas municipal. Así lo aseguró su presidente, Oscar Briones.

Arturo Borelli, concejal del PO, dijo a El Tribuno que “desde el Tribunal de Cuentas nos dijeron que no van a intervenir para investigar el faltante de fondos porque una ordenanza contempla que no es necesario auditar la partida destinada a subsidios y becas. Hay una decisión política de no meterse. Por eso buscamos auditores externos”. Lo cierto y concreto es que la administración del presupuesto de “becas y subsidios” no admite rendición de cuentas por ordenanza- pero entre lo presupuestado - $ 3.600.000- y lo gastado por Rodríguez -$15.800.000- y esa diferencia debe ser explicada para verificar si hubo una ampliación legal de partidas. Sobre ese tema el Tribunal debe pronunciarse formalmente y no a través de conversaciones informales con los bloques.

El meollo de la cuestión lo destapó el faltante de fondos del ejercicio 2012 pertenecientes a la partida 1.3.1 “Subsidios, Subvenciones y Becas”, sobre la cual la rendición de cuentas estaba exceptuada. Pero la diferencia entre lo presupuestado para esa partida y lo ejecutado fue tan amplia ( ese año supera los $8 millones), que los ediles insistieron con las explicaciones. El pedido de revisión de las cuentas del Concejo surgió el año pasado, tal como lo publicó El Tribuno en su edición del 7 de junio de 2013. En ese momento, el exconcejal y actual diputado provincial Carlos Zapata pidió por escrito (expediente 135-0345-2013) las resoluciones que respaldaban los gastos. Pero le informaron desde la Secretaría Administrativa del Concejo lo siguiente: “No existen Resoluciones de Presidencia en el transcurso del año 2012 mediante las cuales se haya resuelto el otorgamiento de subsidios, subvenciones y/o becas utilizadas en el Concejo Deliberante”.

Finalmente, con el voto de varios oficialistas se aprobó la auditoría paralela por contadores del Consejo Profesional. Este organismo, y la entidad nacional que representa a un centenar de organismos de contralor ya advirtieron que esa es función indelegable del Tribunal de Cuentas municipal.

“El Tribunal de Cuenta de la Municipalidad es el único que tiene competencia para intervenir en estos casos. Si el Partido Obrero quiere otros auditores significa ir contra un instituto que tiene profesionales serios y competentes”, dijo el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Oscar Briones. 

“Los concejales aprobaron en 2012 la ordenanza que eximia de rendición de cuentas de la partida

1.3.1 y ahora piden explicaciones. Nadie sabe qué se hizo con ese dinero que ellos votaron para no rendirlo. El Tribunal de Cuentas gasta $16.4 millones para su funcionamiento y piden auditores externos”, dijo Ricardo Villada.