Uno de los objetivos que se persigue es que la minería tenga un mayor derrame sobre la sociedad. El diputado nacional Daniel Tomas en su momento manifestó que “se tiene que hacer un control sobre los contratos que hacen las mineras”, con la clara idea de tener en claro cual es el nivel de derrame que tendrá la actividad sobre la economía de la provincia. Lo cierto es que en muchos existe la teoría que el derrame económico de la minería no es tal como lo pintan, sin embargo hay miles de personas que en el caso de San Juan viven del sector extractivo.

Lo cierto es que en este esquema fueron los proveedores mineros hasta el diputado provincial Javier Ruiz a quien le plantearon la posibilidad de que por ley se haga un registro público de proveedores y subproveedores, que dará una información concreta de cual es el derrame que tiene la actividad en el empresariado local- tiene que diferenciarse claramente las empresas locales de capitales sanjuaninos de las empresas extranjeras que se hayan radicadas en la provincia-, otro planteo de los proveedores fue que se haga un cronograma de licitaciones con la debida antelación para que las empresas sanjuaninas tengan tiempo de prepararse y poder, si así lo requiriera, UTEs para poder competir en igualdad de condiciones ante las grandes empresas nacionales e internacionales que llegan a este destino del país para hacer su negocio y el tercer punto solicitado por los empresarios fue que en la misma norma se suscriba un porcentaje obligatorio de compre local de modo que las empresas sanjuaninas tengan garantizado el desarrollo y el crecimiento en el tiempo. Si bien en la actualidad el compromiso está en la Declaración de Impacto Ambiental, lo que se quiere es que haya una fracción que permita delimitar claramente el nivel de compras de lo local. Algunos sostienen que este porcentaje tiene que ser del 10 por ciento, y debe ser orientado para las grandes industrias en general, de modo que permita proyectar a las pequeñas y medianas empresas en el tiempo y de ese modo pensar en su sustentabilidad económica y productiva.

La presentación estuvo a cargo del gerente de la CASEMI, Alejandro Donna, y remarcó que esto sería muy positivo pues “se saldría de las buenas intenciones y exigidos por la norma se podría tener una seguridad a futuro”. Por su parte el presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé acompañó la iniciativa de los proveedores locales.

El receptor fue el diputado Javier Ruiz, que se comprometió a trabajar en el tema junto a los legisladores del bloque oficialista. En la reunión también estaban presentes los diputados provinciales Horacio Espejo, Victor Doña y Edgardo Sancassani. También estuvo el secretario de Minería Felipe Saavedra, quien a la hora de hablar sobre el tema se mostró de acuerdo por la creación del registro de proveedores, sin embargo sostuvo que “en la actualidad con la ley 7909 y sus modificatorias- del 4 por mil- tenemos un registro de proveedores, sabemos quienes son todos los proveedores de San Juan”, afirmó. Así las cosas no hay un nivel de control para que las grandes empresas mineras estén obligadas a contratar servicios locales, más allá del compromiso que se tiene en la declaración de impacto ambiental. Esta situación les es muy cómoda a los empresarios mineros que saben que tiene que cumplir con su compromiso en la DIA.

Tiene que marcarse que los proveedores manifiestan que “ hoy se está contratando mano de obra y a empresarios locales pero el problema de fondo es lo que ocurre con el volumen de contratos que obtienen”, sostuvo Donna.

De acuerdo a los dichos de los propios proveedores el porcentaje de proveedores locales puede ser del 70 por ciento pero tener una incidencia mínima en el nivel de compras.

Quien también estuvo en la reunión fue el diputado Daniel Tomas. El legislador nacional sostuvo que “estuvimos conversando con los representantes de la CASEMI sobre el tema y les sugerí hablar con el diputado Ruiz para poder canalizar este proyecto a través de la Cámara de Diputados de la Provincia”. De hecho se lo vio a Tomas en un papel muy activo dentro del encuentro y quedó en el grupo de trabajo de armado de la ley para armar el mencionado registro de proveedores. Fue quien condujo en gran parte el encuentro.

Tomas marcó que “esto no lo puedo canalizar por ahora en la Cámara de Diputados de la Nación pero desde la provincia puede ser un puntapié para demostrar que la minería no es cosa de 10 empresas tal cual dijeron algunos en Buenos Aires”.

Tomas afirmó que se tiene que trabajar en su momento en reformar la normativa “hoy tenemos que buscar una ley de desarrollo y crecimiento minero, más allá de la de inversiones mineras que en su momento cumplió un papel importante”, sentenció.

El registro de proveedores

El gerente de la CASEMI dijo que “Vamos a tener un registro y la inscripción al mismo será obligatoria para poder participar de cada una de las licitaciones”. Esto será una de las condiciones que tendrán que hacer las empresas que quieran participar de una licitación sean del destino que sean, de acuerdo a las explicaciones del propio proveedor.

Vale decir que la mirada de los empresarios locales está puesta en la construcción de Lama Pascua y consideran que es un momento histórico para la provincia. “La construcción de Veladero fue un momento de quiebre para la economía de San Juan. Lama Pascua debe significar lo mismo por cinco”.

Alejandro Donna, CASEMI

“Nosotros hablamos con el diputado nacional Daniel Tomas, quien, de alguna manera, nos aconsejó que nos acercáramos a la Cámara de Diputados porque tienen una política de estar abierta ante el reclamo de cualquier sector económico productivo. Básicamente lo que planteamos es la creación de un registro público de proveedores”.

Daniel Tomas, Dip. Nacional

“Creo que en los últimos días hubo un punto de inflexión que se dio con el tratamiento de la Ley de Glaciares, el quinto año de la mina Veladero, son temas que nos permite reflexionar. Hoy lo que se plantea es un debate nuevo que tiene que ver con el crecimiento y el mantenimiento de la minería como una importante actividad productiva.