Pasó sólo una semana entre el ingreso del proyecto (que obligará a los 2.612 presos con sentencia firme a trabajar) y la primera sanción. El gran anuncio con el que el gobernador, Alfredo Cornejo, cerró su discurso ante la Asamblea Legislativa, tuvo ayer la aprobación del Senado y se encamina a ser ley, aunque tardaría al menos una semana más en ser debatido en Diputados.

Aún así, es poco tiempo para una propuesta que, desde un principio, generó muchas opiniones, debates, planteos y coincidencias también.

El principal acuerdo vino por parte del Frente para la Victoria (FpV), que ayer hizo algunas críticas, “menores, pero críticas al fin”, y dio el voto afirmativo, excepto en tres artículos durante la votación en particular. En cambio, el FIT votó en contra, mientras que se abstuvieron los justicialistas Luis Böhm (“viene viciado de maniobra política”, dijo) y Guillermo Amstutz (“estamos en medio de una operación mediática”, argumentó).

“Queremos darle esta herramienta y verla en uso rápidamente”, dijo sobre el final del debate la senadora Patricia Fadel, presidente del bloque del FpV, sintetizando los reparos que se escucharon en la sesión.

Aunque hubo varios reparos, las principales críticas fueron dos: la primera es la falta de previsión presupuestaria (al menos en la letra del proyecto), necesaria para que la ley “no quede vacía de contenido”. El segundo punto fue no contemplar un tratamiento especial para los agresores sexuales.

“Es una oportunidad perdida. El trabajo y la educación no son los únicos elementos de resocialización. En el caso de los que están por estos delitos, casi el 90% trabaja y estudia. En cambio, necesitan un tratamiento psicológico especial”, señaló la senadora María José Ubaldini (FpV), encargada de explicar los argumentos de la oposición.

Una vez cerrada la discusión, el ministro de Seguridad, Gianni Venier (quien siguió la sesión desde el palco), respondió: “Esta ley no trataba sobre los agresores sexuales. No era parte del debate; es ajeno al asunto pero sí lo estamos trabajando en esta materia”.

Obligados a trabajar

El proyecto que busca ser ley propone modificar la ley 8.465, del régimen de ejecución privativa de la libertad e incorpora al trabajo, la educación y la capacitación como elementos de resocialización.

En este sentido, la idea es vincular la progresividad de la condena en función de la “buena nota” que tengan los presos por trabajar y estudiar.

A su vez, el proyecto que impulsó Cornejo propone que la víctima participe de este proceso, a la hora de otorgarse la libertad del preso. Claro, su opinión no es vinculante, pero le permite conocer el estado de condena de su victimario.

Una de las principales novedades es que la propuesta de Cornejo obligaría a los presos, con sentencia firme, a trabajar. Esta consideración representa a algo más de la mitad de la población carcelaria, mientras que el resto tiene prisión preventiva y no está incluido.

Tanto el trabajo como la capacitación permitirán al recluso avanzar de “más a menos encierro”, dentro del penal. A su vez, el trabajo le dará, en concepto de “peculio”, una retribución que irá destinada a pagar su estadía, resarcir a la víctima, ayudar a su familia y tener una especie de “colchón” financiero al momento de salir en libertad.

“Con este cambio, lo que hacemos es poner al trabajo, que hoy no es obligatorio, en el centro de la escena, y con eso mitigamos una serie de inconvenientes”, destacó Venier.

En torno a esta propuesta, no hay mayores críticas. Sí la oposición puso algunos reparos que se oyeron en la sesión de ayer y que todavía se podrían escuchar en el debate de los diputados.

Primero apuntaron a que “no es tan novedoso e imprescindible” el proyecto, ya que en la legislación vigente se establece el trabajo como un derecho y un deber.

“Actualmente, sólo el 8% trabaja, no porque no quieran, sino porque están en una situación de hacinamiento”, dijo Ubaldini y criticó la falta de previsión presupuestaria.

Sobre este punto, Venier explicó: “Los lugares que vamos a construir contemplan espacios para el trabajo, tenemos muchísimas hectáreas. El trabajo lo queremos hacer sustentable, que produzca ingresos y no egresos”.

La responsabilidad del Estado finalmente es ley

No fue fácil el camino que transitó la flamante ley que intenta delimitar cómo debe ser asumida la responsabilidad del Estado frente a determinados daños a los ciudadanos. El Senado aprobó ayer las modificaciones que introdujeron los diputados a instancias del Ejecutivo.

La idea tuvo una primera sanción del Senado en 2015, cuando el justicialismo era gobierno, y fue retomada por la administración de Cornejo, que introdujo cambios y generó resistencias. No obstante, ayer se valió de su mayoría y logró sacar la norma.

En concreto, tanto el FpV como la UCR defendieron que sus propuestas beneficiaban a la víctima, que podrá cobrar luego de ganar un juicio contra el

Estado provincial o municipal. Esto será a partir de comprobar un daño ocasionado en el ejercicio habitual de la tarea estatal (legítimo) o en algún imprevisto (ilegítimo).

La novedad es que, en este último caso, el Estado responderá como particular y no como Estado, lo que se supone beneficia a la víctima. Según el FpV, el punto crítico es que el perjudicado deberá probar si el Estado actuó como privado, en lugar de presumirse.