Los trabajadores tucumanos regresaron a su provincia

Los treinta y cuatro trabajadores golondrinas que fueron rescatados de un viñedo de 25 de Mayo, donde trabajaban en condiciones indignas, regresaron ayer a la ciudad de San Miguel de Tucumán, de donde habían venido a la provincia el 1 de febrero. El contingente se encontraba en Santa Rosa desde el jueves de la semana pasada, cuando fueron trasladados por la Policía Federal, luego de allanar el lugar donde trabajaban, una finca de la empresa Alto Valle del Río Colorado S. A.
La firma es la propietaria de Bodegas del Desierto, donde se producen los vinos 25/5 y Desierto Pampa. El encargado de los viñedos, un enólogo y el hombre que reclutó a los trabajadores en Tucumán, mientras tanto, permanecen detenidos en la delegación local de la Policía Federal, a la espera que la jueza subrogante Paula Rosa Coma defina la situación procesal de los tres.

Son, por ahora, los únicos imputados en la causa en la que se investiga el posible delito de trata de personas, por el cual fueron indagados entre el lunes y el martes.

Incomunicados.

Las presuntas víctimas del trabajo esclavo se fueron de la ciudad sin mantener contacto con los medios periodísticos, a partir de una restricción impuesta por el Juzgado Federal. La combi que iba a depositar en la capital tucumana partió a las 13.45 del albergue provincial, en Perón y Clavelinas, donde permanecieron alojados por casi seis días. En su mayoría eran jóvenes.

El transporte fue financiado por el gobierno provincial, a través de una gestión de la Secretaría de Derechos Humanos. El organismo había participado el jueves en los allanamientos realizados en el viñedo, prestando asistencia psicológica a las víctimas.

Inspección.

El martes de la semana pasada, un procedimiento conjunto de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, acompañados por la Policía Federal, encendió las alarmas de los organismos de control por el pésimo estado de seguridad e higiene y las infracciones a las leyes laborales que se habían detectado.

De regreso, un funcionario nacional radicó una denuncia por el presunto delito de trata de personas. Esa presentación motivó los allanamientos realizados durante todo el día del jueves por la Justicia, cuando se ordenó la detención de los tres acusados y el traslado de las víctimas a esta capital.

El viernes habían declarado los primeros cinco obreros y durante el fin de semana continuó el resto. Las testimoniales apuntaron a dejar sentado en la justicia las paupérrimas condiciones de trabajo a las que eran sometidos en el predio rural.

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