Mientras la Cámara de Apelación y Garantías de Azul estudia los recursos presentados por la defensa de los policías acusados de torturar a un hombre en la seccional Primera de Policía de Olavarría, la fiscal Susana Alonso aguarda el informe de algunas de las pericias realizadas durante la instrucción de la causa en la cual se tomaron nuevos testimonios.

El tribunal de alzada también debe resolver sobre la apelación del Comité contra la Tortura, quien intentó presentarse como querellante, pero su pretensión fue rechazada en primera instancia por el juez de Garantías Carlos Villamarín, quien habitualmente se opone a que instituciones adopten ese rol.

Por otra parte, en las próximas semanas se realizarán las pericias psicológicas y psiquiátricas a los imputados, las que serán en distintas fechas, todas las cuales ya fueron fijadas. Este es un paso importante tanto para la acusación fiscal como para las defensas, ya que el informe de los profesionales forenses tiene habitualmente un peso decisivo a la hora de reconstruir la verdad histórica.

Hasta donde se sabe, la situación de los tres policías presos, el capitán Néstor Rodríguez y los oficiales Nicolás Manuel y Edgardo Constancio, es sumamente comprometida a partir de las múltiples declaraciones testimoniales que los ubican en el lugar y el momento en que habrían sido cometidos los hechos denunciados.

Diego González fue golpeado y quemado con agua hirviente el sábado 12 de mayo en la cocina de la comisaría Primera. González es un hombre de 31 años, analfabeto, que tenía un par de meses de residencia en Olavarría, a donde había llegado desde su Escobar natal en busca de trabajo.

Acá se desempeñaba como plomero junto con su tío, Néstor Leiva, quien además lo llevaba como caddie cuando iba a jugar al golf en el Club Atlético Estudiantes.

Ese sábado González se presentó completamente ebrio y terminó durmiéndose en el sector de golf de Estudiantes, lo que llevó a personal de seguridad a llamar a la Policía.

González fue trasladado a la dependencia policial y allí fue sometido, por razones aún desconocidas, a tormentos. Una de las hipótesis que se manejan es que González tiene un homónimo que forma parte de una banda delictiva local y eso llevó a los policías a torturarlo para extraerle información.

Según declaró la víctima, mientras lo martirizaban le preguntaban dónde estaban las armas y el dinero, que podrían repartir. En lo que algunos investigadores interpretaron como un intento de desviar las pesquisas y las responsabilidades, se lanzaron a correr versiones sobre presuntos arreglos turbios entre González y otros policías para delinquir, nada de lo cual aparece con fundamentos sólidos en el expediente.

Lo cierto es que una vez presentada la denuncia, rápidamente aparecieron los nombres de los tres imputados en la mira del Ministerio Público Fiscal. Fueron detenidos, imputados y luego el juez Carlos Villamarín les dictó la prisión preventiva, la que están cumpliendo en la cárcel de General Alvear.

En su resolución, el juez Carlos Villamarín estimó que al menos otros cuatro funcionarios debían ser imputados, pero ese paso se cumpliría recién después que la Cámara de Apelación y Garantías resuelva sobre las apelaciones, lo que, en otras palabras, será el aval o el rechazo a lo actuado hasta ahora por la Fiscalía.

La doctora Susana Alonso también imputó por un delito conexo, la omisión de denuncia y la falsedad ideológica al subcomisario Pablo Blúa, quien firmó junto con Néstor Rodríguez la declaración tomada a González declarada nula por la jueza correccional Cecilia Desiata, ya que González, analfabeto, no estaba asistido por nadie que supiera leer y escribir al ser interrogado.

Antes de ser procesado, Blúa había declarado que él se limitó a firmar la declaración que tomó Néstor Rodríguez, tal como ocurre siempre con los trámites de rutina.

Por lo pronto, en su declaración ante la fiscal Susana Alonso, la víctima dijo que fue Rodríguez quien lo interrogó antes de hacerle firmar.

Los que evidentemente no deben estar tranquilos son los otros policías que estuvieron en contacto directo con González en ese fin de semana, ya que a ellos les pueden caber procesamientos, tanto por la omisión de denuncia como por no haber tomado ninguna acción para evitar los tormentos.

También se analiza la conducta del médico que revisó la primera vez a González, cuando ese mismo sábado fue llevado por dos policías al Hospital con la orden de devolverlo inmediatamente a la comisaría, independientemente de lo que dijera el facultativo.

El episodio se dio en un contexto marcado por los fuertes cuestionamientos a la Policía y a los escándalos por las denuncias cruzadas de corrupción entre jefes. En el debate participaron activamente dirigentes fomentistas que habitualmente hacen oír sus voces en reclamo de mayor seguridad, los que además piden que se designe en los cargos clave a funcionarios locales.

Todo eso configuró un escenario cargado de conflictos, los cuales aún siguen pendientes de resolución.

Pero el caso de las torturas desató además una serie de presiones políticas. La activa participación de legisladores de la ultrakirchnerista La Cámpora en el reclamo de una investigación profunda y de acciones que pongan fin a la violencia que suele ejercer la Bonaerense agitó el ambiente político.

Además de la brusca disminución de las denuncias de apremios ilegales o malos tratos que casi siempre tenían como víctimas a jóvenes, los movimientos políticos aún no han tenido un efecto visible sobre la organización de la fuerza de seguridad.

Ahora habrá que ver la decisión de la Cámara sobre la pretensión del Comité contra la Tortura de presentarse como querellante en el caso González, ya que la participación del organismo en el proceso también tiene un significado político.