La decisión adoptada por la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de entrevistar como testigo al Fiscal Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, en el marco de la denuncia elevada por Susana Trimarco contra los jueces que intervinieron en el juicio de Marita Verón, despertó las críticas de las partes incriminadas.

Si bien es cierto que la declaración del funcionario judicial no se llevó a cabo cuando estaba prevista en la semana que pasó por cuestiones personales alegadas por Adler, los letrados defensores de los magistrados Alberto Piedabuena y Emilio Herrera Molina, objetaron que aún así se proceda con un cuestionario que será enviado para obtener las respuestas del Fiscal.

"La desmesura de este proceso ha alcanzado un nuevo hito con la citación a declarar como testigo, sobre la conducta de los jueces desplegada en un juicio, a quien no estuvo ni en una audiencia del mismo, y en consecuencia carece total y absolutamente de una percepción seria que habilite una afirmación honesta y conducente", remarcaron los abogados Arnaldo Ramón Ahumada y José Roberto Toledo.

Seguidamente, sostuvieron que "cuando el gobernante y el Estado violan a sabiendas la Constitución y las leyes y utilizan con fines subalternos a las instituciones, abdicando sus funciones constitucionales básicas, y todo eso se hace a conciencia plena, no podemos negar que la autoridad ha comenzado a desvanecerse porque ha perdido su legitimación de origen por el incumplimiento de sus fines, y es cuando se puede hablar de deslegitimación y falta de autoridad".

Al centrarse en el procedimiento que se inició en contra del desempeño de los jueces, se esgrimieron cuestionamientos al proceder llevado a cabo tanto desde la propia Trimarco, como así también de los órganos institucionales que deberán determinar la suerte de los jueces. Tiempo que culmina el próximo tres de abril cuando la Comisión tendrá que decidir si el planteo es girado al Jury de enjuiciamiento que determinará la destitución, o no, de los magistrados.

"Una señora que pide y exige a viva voz venganza e interpela a los gobernantes a que se venguen por ella. Todo un gobierno que se pone rápidamente el servicio de la ejecución de la venganza y desprolijamente constituye órganos inconstitucionales, ilegítimos e instaura procesos de fusilamiento público, sin escuchar razones ni dar oportunidad alguna de explicación. Una comitiva de obedientes que presurosos levantan la carpa de circo para ejecutar el ajusticiamiento popular", remarcaron los representantes de la defensa de Pidrabuena y Herrera Molina.