Rogers y Alanis fueron acusados de ser cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno en la localidad pampeana.

El intendente Rogers y el subcomisario Alanis creyeron que habían logrado evadir la causa judicial que hace cinco años los involucra en un caso de trata de personas. En noviembre, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento que los acusaba de ser cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un prostíbulo rutero. Sin embargo, el fiscal federal Alejandro Cantaro presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación, que tendrá que revisar el fallo.

“Revocar el procesamiento es prácticamente sobreseerlos porque están diciendo que sus conductas fueron neutrales, estereotipadas, típicas, cuando se trata de conductas delictivas”, dijo Cantaro a Infojus Noticias, el portal del Ministerio de Justicia. “La decisión de la Cámara Federal es como poner punto final a la causa. Primero presentamos un recurso de casación que nos denegaron y ahora vamos a presentar una queja”, agregó.

En noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido de apelación y argumentó que “las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas de los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. Rogers y Alanis están acusados de ser cómplices del funcionamiento de una red de trata en un local nocturno de esa ciudad.

En un curioso pasaje del fallo del tribunal de alzada, los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti argumentaron que “las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas de los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.

El caso

La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alanis y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal.

Desde entonces, el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas, Marcelo Colombo, solicitaron el pedido a indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación. Sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez, Marcelo Piazza.

Como consecuencia, en octubre del año pasado, luego de varios pedidos realizados por los dos representantes del Ministerio Público, la justicia federal de Santa Rosa ordenó el llamado a indagatoria del edil y del uniformado.

No obstante, el 24 de abril de este año, los fiscales Colombo, Baric y Cantaro tuvieron que solicitar la inmediata resolución procesal de ambos funcionarios públicos debido a que cinco meses de haberse tomado las declaraciones indagatorias, el juez no había resuelto sus situaciones procesales.

Finalmente, en mayo de este año, los imputados fueron procesados. Sin embargo, el 14 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, el fiscal Cantaro presentó el recurso en queja ante la Cámara Federal de Casación.

‘Es un lugar de contención‘

La definición sobre el local nocturno Good Night es de autoría del intendente de Lonquimay en declaraciones a los medios. Rogers afirmó: ‘El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento‘. El jefe comunal dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aun contando con denuncias del INADI y de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.

Una de las víctimas, contó que en Good Night las mujeres estaban privadas de su libertad, no podían salir del lugar, ni disponer de la totalidad del dinero. Una de ellas declaró que aún estando enferma, no pudo recibir asistencia, ni medicamentos y que el dueño del lugar le dijo que ‘no le importaba, que ella tenía que hacer plata‘.

Otra mujer afirmó que había un fuerte vinculo entre Fernandez, el dueño del local nocturno, el intendente y el subcomisario Alaniz.