El Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial pidió la semana pasada todos los expedientes civiles relacionados con los hermanos Antonio Santiago De Franco, Oscar Alberto De Franco y Fernando Alfredo De Franco -domiciliados en Lomas de Zamora, Buenos Aires- en el marco de la investigación sobre la apropiación de tierras en el oeste de la provincia.

La solicitud la hizo el fiscal general Guillermo Sancho ante la “Receptoría General de Expedientes” con sede civil en la Ciudad Judicial. Sancho, junto a los fiscal Gabriel Tedín y Alejandra Ongaro, tiene a su cargo la denuncia por usurpación luego de una colocación de un alambrado en el predio rural ubicado en el lote 6, fracción D, sección IX del departamento Limay Mahuida que el puestero Simplicio Policarpo Albornoz heredó de su padre y que habita desde hace más de 70 años.

Sin embargo la parte más pesada de la causa contra los hermanos De Franco es la denuncia por “falsificación ideológica de documentos públicos y estafa en grado de tentativa” que presentó el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez.

La maniobra -según denunció el abogado del puestero del oeste- consistió en realizar trámites ante la Dirección de Catastro y de la Propiedad Inmueble para que Albornoz (su padre Pedro se afincó allí en el año 1930) no fuera reconocido como poseedor.

“Tengo que tener en claro qué es lo que vamos a judicializar”, dijo el jefe de los fiscales ante una consulta de El Diario. Cauteloso, Sancho, agregó: “la idea de la fiscalía es no quedarse sólo con esta cuestión civil y puntual del Lote 6”.

- ¿Cuándo podría realizarse la audiencia de formalización?

- La investigación será un proceso largo...

Maniobra

Los hermanos De Franco son conocidos en el ámbito de los tribunales civiles, justamente como “actores de los reclamos que siempre tienen como fondo la obtención de predios rurales por los cuales iniciaran distintas acciones para lograr el reconocimiento de la posesión y/o propiedad de los mismos”.

“Se aprecia en los hermanos De Franco una obstinada intención de ir incrementando la propiedad de las tierras del Oeste de La Pampa, siendo de gran importancia la cantidad de hectáreas que los mismos poseen en ambas márgenes del río Salado o Chadileuvú, lo que van logrando progresivamente, por distintos medios y con resultados no favorables a quienes ocupan dichas tierras desde toda la vida”, dice la denuncia presentada por Cedrún Gutiérrez.

También precisó que a su defendido “le hicieron firmar un convenio de desocupación en relación a 10.000 hectáreas del lote 6, fracción D y sección XIX”.

El denunciante afirma que “de las constancias que se arrimaran a la causa ha de surgir en forma clara y precisa que han sido encartados, quienes digitaron la realización de las diligencias tendientes a generar un beneficio a su favor, contando con el nada despreciable asesoramiento de algunos agrimensores y profesionales del derecho de abogar con clara intención dolosa (llámeselos cómplices y/o encubridores)”.

Y sostiene que la documentación aportada por los De Franco en la Dirección de Catastro contiene datos falsos ya que se omite consignar las mejoras de los predios y los accidentes geográficos.

Describe que la supuesta maniobra de los De Franco consistió en que “realizaron trámites ante los registros respectivos para, en base a datos falsos, lograr su inscripción como poseedores y posteriormente a los juzgados civiles con pretensión de obtener la posesión veinteañal o la reivindicación, argumentando haberlo poseído en forma total, pública y pacífica, y ocupando el predio y realizando actos de posesión que nunca se llevaron a cabo, lo que demuestra el ardid de sus conductas”.

También menciona que aparecen actas realizadas en el Juzgado de Paz de Limay Mahuida donde aparecen personas “que no saben leer ni escribir”, dando datos “falsos”.

El denunciante acusa a los De Franco del delito de “estafa procesal”, ya que con los documentos presentados “han engañado a los jueces civiles, haciéndoles dictar fallos con gravísimo perjuicio a los poseedores de las tierras que les han arrebatado mediante las sentencias favorables obtenidas en algunos juzgados civiles y distintas argucias y estrategias con algunas complicidades”.

Negocio millonario

Tal como ya informó El Diario, el verdadero motivo del desalojo de los puesteros ubicados entre las localidades de La Reforma y Limay Mahuida fue el valor de esos campos: entre los años 2007 y 2010 los hermanos Antonio Santiago, Oscar Alberto y Fernando Alfredo De Franco vendieron 115.000 hectáreas en casi 10 millones de dólares.

En la mayoría de esas operaciones financieras fue intermediaria la inmobiliaria “Hugo Ruesga”, aunque ante una consulta de El Diario desde esa firma se negaron a brindar detalles de las compraventas. “Todos los campos que vendimos estaban bien de papeles”, se limitaron a confirmar.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir este diario, en base al testimonio de distintas fuentes, para esas 115.000 hectáreas hubo un total de diez compradores de buena fe y las escrituras se hicieron en escribanías de Santa Rosa y Buenos Aires.

Según las inmobiliarias de la zona, esos campos se vendieron a un precio de mercado de entre 70 y 97 dólares la hectárea. “Podría decirse que los hermanos De Franco hicieron un pingüe negocio... Sobre todo cuando, en el peor de los casos, compraron a cuatro dólares la hectárea”, ironizó una de las inmobiliarias consultadas.

Entre los que hicieron negocio con los De Franco figurarían Oscar Miguel Dosio, de la localidad de Parera, quien habría adquirido unas 10.000 hectáreas; Juan María Laplace, de La Manta S.A. de la ciudad de Rojas (Buenos Aires), con 12.000 hectáreas; la firma Nuevo Territorio (Buenos Aires), con 25.000 hectáreas; Nélida Alicia Arzani y Luis Bertone (madre e hijo), con 15.000 hectáreas; Lobo Gris S.A. (del austríaco Peter Koeck), con 10.000 hectáreas; Gustavo Ciufollini (Río Cuarto), con 7.000 hectáreas; Alfonso Puente (Salliqueló, Buenos Aires), con 20.000 hectáreas; Oscar Valle, con 5.000 hectáreas; Leonardo Ariel Alessandrelli (dueño de Dragolino), con 14.000 hectáreas, y Francis Jean Pierre Renar, con 5.000 hectáreas.

De las 143.000 hectáreas “legales” que los De Franco tenían en la zona apenas les quedan unas 15.000, más allá de que en la Dirección de Catastro de la provincia figuran unas 45.000 debido a que buena parte de las escrituras están terminadas pero no inscriptas.

Los operadores financieros que realizaron compras y ventas entre las localidades de La Reforma y Limay Mahuida tienen en claro cómo y cuál es la rentabilidad. “Entre los años 2001 y 2009 fue el auge ganadero porque la soja fue ganando terreno y se extendió la frontera ganadera... De 8.000 cabezas que había en la zona pasaron a haber 50.000 cabezas”, explicó un conocedor de la situación.

El caso del Lote 6, que Pedro Albornoz (padre de Simplicio) habitó hasta sus últimos días junto a su familia, es uno de los pocos lugares donde los hermanos De Franco han encontrado resistencia y el punto débil de toda su estrategia de apropiación en el oeste provincial.