Tierra del Fuego

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, confirmó que los integrantes de la Corte Provincial se excusaron de actuar en los expedientes iniciados en torno al tope salarial. Manifestó que decidieron dar un paso al costado por cuestiones de "decoro y delicadeza" y ahora los camaristas constituidos en Superior Tribunal deberán resolver si hacen o no lugar al apartamiento.

Tras la pérdida de los primeros días de clase del ciclo lectivo 2010, y sin que en el horizonte se vislumbre una real toma de conciencia del daño que se le está infringiendo a la clase estudiantil pública, aunque a la altura de los acontecimientos bien podríamos denominar "desclase", ya que no reciben la más mínima atención de ninguno de los Poderes del Estado y son tomados como rehenes por parte de los gremios estatales, llámese SUTEF, ATE, o cualquier otro que, con veladas apetencias políticas y a pesar de representar a una nimia fracción de la población, aprovechan la inacción institucional y la indolente apatía ciudadana para constituirse en facción de poder, llamó mi atención en medio de todo este berenjenal, una noticia referida a lo ocurrido en el vecino país de Chile tras la catástrofe del pasado 27 de febrero, la que generó que me preguntara ¿quién se responsabilizará en nuestra provincia por el saqueo educativo?

Los representantes gremiales del SUTEF, Ministerio de Educación de la Provincia, el Ministerio de Educación de Nación y el ministro de Trabajo de Nación, Carlos Tomada, se reunirán hoy para ver si se pueden resolver el conflicto salarial por el cual aún no se ha iniciado el ciclo lectivo en Tierra del Fuego. Según trascendidos, el Ejecutivo Provincial plantearía que no aceptaría negociar en el marco de una conciliación obligatoria desacatada por el gremio docente.

Las erogaciones afrontadas por la Tesorería General de Gobierno durante el mes de febrero totalizaron los 158,6 millones de pesos. Ello representó una reducción del 15% respecto de los 187,1 millones de pesos correspondientes al mes de enero.

Los trabajadores docentes enrolados en el SUTEF se manifiestan nuevamente frente a la delegación Río Grande del ministerio de Trabajo de la Nación, en cuyas oficinas en Buenos Aires se lleva a cabo el encuentro de negociación entre autoridades de la provincia y el sindicato.

El Registro Civil de Río Grande sigue brindando un servicio paupérrimo. Desde hace varios meses solo entregan 30 números para atención al público y dicha situación colmó la paciencia de varios vecinos. ATE acudió a repudiar la situación y las autoridades del organismo debieron recurrir a custodia policial. Mientras, la impresentable Directora del Registro Civil, Ana Robolini, no brinda respuestas a los medios periodísticos que la requieren y, en cambio, da números de teléfonos de funcionarios que ni siquiera residen en la ciudad.

A través de una nota presentada en la delegación de la Legislatura fueguina, autoridades de ATE y del Centro de Jubilados Ley 244 intimaron al directorio del mega instituto a que dé de baja el vademecum IOMA en 48 horas. En caso de que no se cumpla la medida, solicitarán a los Legisladores que discutan la caducidad de mandato de los directores del IPAUSS por incumplimiento de sus deberes.

El agente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Hernán Bello presentó el recurso de amparo tendiente a obligar al Gobierno a que realice las inversiones necesarias en las plantas de potabilización. Pidió el apartamiento de la Jueza debido a que, antes de llegar a la Magistratura, Rapossi se desempeñó como abogada de la DPOSS.

El Presidente del cuerpo deliberativo firmó ayer un convenio con 2 de los entes involucrados en la creación de la Zona Protegida Costera del Canal Beagle, para coordinar acciones relacionadas al proyecto. La Institución se encargará de traer desde Buenos Aires al doctor Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental.