Tras la pérdida de los primeros días de clase del ciclo lectivo 2010, y sin que en el horizonte se vislumbre una real toma de conciencia del daño que se le está infringiendo a la clase estudiantil pública, aunque a la altura de los acontecimientos bien podríamos denominar "desclase", ya que no reciben la más mínima atención de ninguno de los Poderes del Estado y son tomados como rehenes por parte de los gremios estatales, llámese SUTEF, ATE, o cualquier otro que, con veladas apetencias políticas y a pesar de representar a una nimia fracción de la población, aprovechan la inacción institucional y la indolente apatía ciudadana para constituirse en facción de poder, llamó mi atención en medio de todo este berenjenal, una noticia referida a lo ocurrido en el vecino país de Chile tras la catástrofe del pasado 27 de febrero, la que generó que me preguntara ¿quién se responsabilizará en nuestra provincia por el saqueo educativo?
A pesar del desastre, a pesar del dolor, del desconsuelo, del descontrol propio de los primeros momentos en que nadie terminaba de entender bien lo que había ocurrido; cuando la desesperación por un lado y la conmoción por otro dio lugar a la aparición de la cara más vil del comportamiento humano, la reacción institucional no se hizo esperar. Encabezada por la propia Presidenta, el mensaje se impuso con claridad meridiana: "Estos saqueos nada tienen que ver con la supervivencia" tras lo cual la Sra. Bachelet no dudó en prometer todo el rigor de la ley contra los saqueadores.
La amenaza surtió efecto. Los pobladores, independientemente de los móviles que los hallan motivado, intimados por altavoces desde patrullas policiales comenzaron a devolver aquello de lo que se habían apropiado ilegalmente. Los cálculos oficiales hablan de aproximadamente U$S 2 millones en mercaderías restituidas. Esto ocurre en un País gobernado por una coalición de izquierda, donde lejos de los discursos proselitistas baratos, el respeto a la propiedad privada, a las leyes y a la Constitución, son cosa seria.
La sola amenaza de la aplicación de la ley en el marco de las instituciones fue suficiente. En nuestro caso, ni siquiera eso alcanza. Entonces, alguien podría decirme ¿qué es lo que será necesario aplicar en nuestra Provincia para que el sistema que regula la convivencia entre ciudadanos funcione?
Como en un terremoto, en Tierra del Fuego se sienten con inusitada violencia las réplicas de lo que viene ocurriendo en la confrontación institucional dada en el ámbito nacional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, brindando además de un lamentable espectáculo, la puesta en escena de un panorama sumamente complicado, dada la degradación de la calidad institucional que ello implica.
Estamos atravesando un estado de anarquía. Nadie parece dispuesto a respetar las leyes y, lo que es más grave aún, nadie parece tener los atributos suficientes para hacerla cumplir.
En Chile, el minuto de anarquía tuvo como justificativo la conmoción de la catástrofe. En nuestra Provincia, la anarquía (léase: la ausencia del Estado o poder público, o la situación política en la que ningún individuo ejerce coacción -poder público o gobierno obligatorio- sobre otros) no tiene otro justificativo que la miopía de las conducciones políticas y gremiales, cuya estrechez de sesera sólo les impone evaluar las situaciones en términos de costos políticos, sin vocación real alguna por el respeto a la ley.
Pruebas al canto:
Mientras que la cuestión del tope salarial pretendiendo alcanzar al Poder Judicial disparó sin más trámite la intervención de la mismísima Corte, el delito que se consuma ante la inobservancia de una manda Constitucional no recibe la misma preocupación. Ni Magistrados ni funcionarios (electos o designados) del nivel que sean, han tomado efectiva carta en el asunto.
La bandera de la declaración de la educación como un servicio esencial público, debate disparado desde estas páginas hace dos años, sólo sirvió para proselitismo partidario por una lado y para facturar publicidad por otro. La tarea legislativa del pasado período, del que bien vale la pena recordar marcó el triste récord de haber sido en el que se registró el menor número de sesiones desde la provincialización a la fecha, seguramente demandó extensas jornadas de análisis en temas muchísimo más importantes que la educación.
El temor del Poder Ejecutivo de utilizar las herramientas constitucionales y la autoridad que le confiere el andamiaje legal, o bien dan acabada muestra de falta de vocación de poder, o bien de incapacidad manifiesta para cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa, la ley.
Finalmente, el cliché de "luchar por una educación para todos" enarbolado por el gremio docente cuando con sus innovadores planes de lucha recurren a la interrupción irracionalmente absurda del servicio de educación, amén de que muchos de sus integrantes pretenden garantizar la educación de sus hijos enviándolos a escuelas públicas de gestión privada, terminan de pintar la realidad.
Cuales víctimas de un violentísimo terremoto, los ciudadanos asistimos impávidos a un inexcusable acto de saqueo perpetrado por quienes han asumido la representación popular. ¿Tardaremos mucho más en reaccionar?
No existe peor injusticia que la que provoca la negación de un deber.
Y a no dudarlo, el caso de la Educación no es un tema menor.
Comentá la nota