Pero lo que no se puede ocultar es la manipulación de las estadísticas –el propio Hugo Moyano repite que la inflación real es la que arrojan los supermercados– y sus motivaciones económicas. En tiempos en que el kirchnerismo hace malabares en el Congreso para defender el uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda, y el ministro de Economía, Amado Boudou, acelera el paso para saldar con un nuevo canje los bonos en default y, en simultáneo, salir en busca de fondos al mercado internacional; blanquear la inflación no solo justificaría los reclamos salariales de los gremios y de mayores subsidios por parte de sectores de bajos ingresos, sino que agravaría la carga de pasivos que pesa sobre el Tesoro. Según consultoras privadas, por cada punto que se deja de reconocer en el IPC, el Gobierno evita pagos por u$s 365 millones. Y a lo largo del año, esa cuenta puede llegar a u$s 5000 millones, según la distancia que marquen los números oficiales de los que indica la góndola del supermercado, aunque el producto que se compre sea de segunda marca.