Tres de Mayo superará la intervención judicial el próximo 1 de febrero, y por lo tanto recuperará la administración de su capital.

Así lo determinó días atrás el juez civil Cristian Tau Anzoátegui, quien estableció que la firma podrá desde ese día contar con todos los bienes que no fueron incautados por el municipio ni traspasados a Autobuses Santa Fe, empresa que opera en la ciudad desde el 1 de enero.

"El normal funcionamiento del servicio de transporte y la conservación de las fuentes de trabajo están garantizadas, por lo tanto la Justicia estableció que ya no es necesario que Tres de Mayo siga intervenida", explicó Francisco Pego, subsecretario de Tránsito de la comuna.

El funcionario aseguró que esta decisión "no afecta en absoluto" el sistema de ómnibus en la ciudad. "Es una medida meramente administrativa", consideró.

Ahora, la todavía interventora de la empresa, Susana Ballesty, deberá terminar de regularizar todos los documentos correspondientes para que la cuestión administrativa quede bajo un marco de regularidad y en las mejores condiciones a la hora del traspaso.

El 8 de julio de 2014, el juez Jorge Serra designó a Ballesty como interventora de la firma al hacer lugar a la presentación efectuada por la comuna ante la crisis que atravesaba el servicio de transporte en la ciudad, que derivó incluso en diversos paros por parte de los trabajadores. Finalmente, el municipio definió a mediados de diciembre rescindir la relación con la empresa intervenida y establecer un convenio precario con Autobuses Santa Fe, para la prestación del servicio en 13 líneas, desde el 1 de enero hasta la adjudicación de la licitación del sistema, prevista para abril de este año.

A fines de 2014 la comuna incautó a la empresa 34 unidades que pasaron a estar bajo la custodia de Autobuses Santa Fe al igual que el taller y la boca de expendio de combustible. Sobre este hecho, Pego destacó que se retuvieron los “bienes esenciales y necesarios".

La disputa entre la ex concesionara del transporte y el gobierno local sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando la entidad aseguró que en el proceso de incautación autorizado judicialmente, se confiscaron unas 40 unidades de manera irregular, que estaban apostadas en el playón que pertenecía a Tres de Mayo.

La firma envió una nota a la municipalidad, intimándola a "restituir esos micros en 24 horas" y advirtió que de no ser devueltos, recurrirán a un recurso judicial. El asesor letrado del Ejecutivo, Ricardo Medrano, respondió a esa intimación y cuestionó a la ex prestadora por no rendir un subsidio nacional que percibió.

En ese contexto, una vez que finalice la feria, la Justicia determinará si Tres de Mayo queda o no bajo la figura de entidad "quebrada", teniendo en cuenta la crisis financiera que atraviesa, con el agregado de que ya no genera ingresos.