El cambio más destacado es la eliminación del carácter vitalicio que hasta ahora tenían los permisos concedidos por el municipio.

Si el debate de la semana pasada en el cuerpo había estado cargado de acusaciones, el de ayer navegó por aguas tranquilas. Gastón Massari Copes (Frepam) elogió, incluso, el aporte que el justicialismo realizó durante la discusión del proyecto en comisión. La presencia de los dirigentes taxistas, sentados en primera fila, obligó a algunos asesores radicales a mudarse junto a sus colegas del bloque opositor (siempre se sientan pasillo de por medio), con quienes bromearon al respecto.

Antes de sancionar el nuevo marco regulatorio, los ediles aprobaron la nueva tarifa del servicio, la cual elevó la bajada de bandera de 3,50 a 4 pesos y llevó la ficha (cada 90 metros de recorrido y 30 segundos de espera) de 20 a 23 centavos. Se trata de la suba del 14% que surgió del cálculo sobre el aumento de los costos del servicio, realizado según la fórmula polinómica vigente desde enero.

Una década.

La ordenanza declara al de los taxis como un servicio público. A partir de su promulgación, todas las licencias serán del municipio, incluso las 74 que, en su momento, fueron compradas. En este caso, se dispuso otorgarles un plazo de tres años en el cual deberán decidir si las retienen o las transfieren. Si eligen la primera opción, de inmediato comenzará a correr el plazo de diez años.

En todos los casos, terminado ese lapso, la comuna evaluará si renueva o no los permisos. Para acceder a la prórroga, los licenciatarios no deberán haber cometido infracciones a la ordenanza, pues, si lo hacen una determinada cantidad de veces, el municipio les retirará el permiso.

Los sorteos de nuevas licencias ya no serán abiertos, sino que tendrán prioridad para participar los choferes de taxis con más antigüedad en el servicio y otros grupos de personas, como aquellas que sufran una discapacidad o estén desocupadas.

La normativa establece cuáles son las "faltas graves", es decir, aquellas que se castiguen con la anulación de la licencia. Para los casos en que un permisionario tenga que transferir su licencia a otra persona de su grupo familiar, siempre dentro del plazo de diez años, serán reconocidas las uniones civiles.

Utilitarios.

La regulación permitirá, además, la incorporación, como taxis, de los vehículos utilitarios (hasta ahora se permitían modelos sedan cuatro puertas). Una parte de las unidades deberá estar adaptada para trasladar, confortablemente, a personas con discapacidad o movilidad reducida. Todos los autos deberán poseer aire acondicionado y sistema de GPS. La comuna se valdrá del sistema georeferencial para ejercer el control sobre la prestación del servicio.

Las paradas de taxis, hasta hoy propiedad de las empresas, pasarán a manos del municipio, que, incluso, estudia la posibilidad de quitar las ubicadas en el microcentro. Todos los taxis podrán operar en cualquiera de las paradas, incluida la de la Terminal de Omnibus.

Campo "amagó" con ir pero no fue

En el recinto hubo anoche una banca más. Presidencia la había colocado para que, desde allí, el vicegobernador Luis Campo, explicara los alcances del proyecto de ley que crea el Fondo de Reparación Municipal. Eso había hecho, antes del receso invernal, la diputada del Frepam, Josefina Díaz.

Esta semana, Campo envió al CD una nota asegurando que la explicación de la legisladora había sido errónea y se puso a disposición de los ediles para interiorizarlos de la iniciativa. "Amagó", dijo una fuente de Presidencia, ante la consulta de LA ARENA. Faltaban instantes para el inicio de la sesión y Campo, que nunca llegó, no aparecía.

Sí estuvieron en el salón las dirigentes de Utelpa, Noemí Tejeda y Claudia Fernández, quienes siguieron atentas la aprobación de la resolución que declaró de interés municipal la sanción, en el Congreso, de la nueva Ley de Financiamiento Educativo.

También asistieron los integrantes de la Asociación Pampeanos Veteranos del Beagle 58/59, puesto que, anoche, el Concejo declaró su apoyo a los proyectos de ley que establecen el pago de una pensión vitalicia a los conscriptos afectados al conflicto con Chile.