El titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, puso ayer el último condimento previo a la reunión formal del Consejo del Salario, al calificar de “excesiva” la propuesta de la CGT de llevar a 2600 pesos la retribución mínima para el trabajador en relación de dependencia y adelantar que la central fabril propondrá un piso de 2190 pesos, 19 por ciento mayor al nivel actual. El Ministerio de Trabajo tendrá así, sobre la mesa, dos planteos con una diferencia de 410 pesos entre sí, entre los cuales deberá laudar. Si opta por un punto intermedio, en torno de los 2400 pesos, estaría convalidando un aumento del 30 por ciento, por encima del promedio de aumentos conseguidos en las negociaciones colectivas del año, que osciló en torno del 27,5 por ciento. El acuerdo no será sencillo ni gratuito para las partes. Desde el frente empresarial, sobran las presiones sobre los dirigentes empresarios para evitar la homologación de un incremento que supere lo acordado en paritarias. Tanto De Mendiguren como otros dirigentes patronales de primera línea intentan privilegiar la buena relación con el Gobierno, pero les resulta complejo conciliar posiciones puertas adentro de las cámaras empresarias.

Desde la vereda sindical, la situación no es menos compleja. La postura de la CGT en la discusión salarial aparece atravesada por la puja interna entre los alineados con Hugo Moyano y quienes buscan desplazarlo de la conducción. Bajo esta presión, la demanda de 2600 pesos fue planteada como un “piso no negociable” por los cegetistas, que limita el margen para una cifra surgida por acuerdo que se aleje demasiado de esos valores.

El secretario de Políticas de Empleo de la CGT y titular del gremio textil, Jorge Lobais, justificó el pedido de aumento del 41 por ciento considerando que los trabajadores “han perdido bastante de su poder adquisitivo” en los últimos años. Pero apuntó que “si hubiéramos querido llevar la negociación a una situación de enfrentamiento habríamos pedido tres mil pesos”.

La otra pata de la representación sindical es la CTA, que llega a esta reunión del Consejo del Salario con una crisis interna a cuestas. Las elecciones nacionales del año pasado han quedado irresueltas, y Hugo Yasky llega a la mesa de negociación como titular de una conducción con mandato prorrogado. La representación de la CTA estará compuesta por el mencionado, Pedro Wasiejko (su candidato a adjunto en las elecciones) y la docente Stella Maldonado, quien fue designada en reemplazo de Pablo Micheli, anterior delegado al Consejo que compitió como cabeza de la lista que se opuso a Yasky. Es decir que el sector que se alinea en torno de ATE quedó afuera de la discusión salarial.

La postura que lleva la CTA-Yasky, de todos modos, no difiere centralmente de lo que plantea la línea de Micheli. Tal cual lo explicó Wasiejko, el sector impulsará un salario mínimo de 2750 pesos, pero accedería a apoyar un salario mínimo de 2600 pesos si se le otorga carácter permanente al Consejo del Salario, para discutir otros temas que son de su incumbencia fuera de la fijación del ingreso mínimo para el trabajador. Entre estos temas figuran las asignaciones familiares y el recálculo de la canasta de consumo del trabajador. Si no se cumple con este reclamo –bastante improbable en esta etapa–, la CTA quedaría en una posición muy distante de poder firmar un acuerdo por un salario mínimo inferior a 2600 pesos.

Además de la UIA, también están convocadas por la parte patronal las cámaras de la Construcción y de Comercio, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, la Asociación de Bancos y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Por la parte sindical tampoco estarán presentes otros dos participantes de otra etapa, Juan José Zanola (bancarios) y José Pedraza (ferroviarios), pero por distinto motivo: ambos están actualmente en prisión.