La Policía Metropolitana y la Federal desalojarán este lunes el complejo de viviendas ubicado en Lafuente y Castañares, en Bajo Flores, luego de la intimación de la Corte Suprema a los Gobiernos porteño y nacional.

El operativo estará a cargo del juez Luis Armella, quien en tres oportunidades dispuso el desalojo de los departamentos ocupados desde el 6 de marzo último, pero que no se concretó ante la falta de acuerdo entre los dos Ejecutivos.

Unas 180 personas que ocupan las viviendas serán trasladadas -si así lo aceptan- a centros de atención transitoria del Gobierno porteño, donde podrán recibir asistencia sanitaria y alimenticia, pero no dinero.

El pasado martes 17, la Corte Suprema intimó a los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner a implementar un desalojo en conjunto. El primero sostenía que no podía actuar sólo y el segundo que era responsabilidad local.

Ahora, ante la intimación, la Policía Metropolitana será quien ingrese al complejo habitacional y la Federal quien efectúe un cerco en las afueras, si fallara un primer contacto de negociadores porteños con los ocupantes.

Los edificios en cuestión fueron construidos por la Corporación del Sur para los habitantes de los asentamientos de El Pueblito y Luján, dos barrios de emergencia ubicados a la vera del Riachuelo.

La remoción de estas dos villas es necesaria para cumplir otra orden judicial, que le solicita al Gobierno capitalino limpiar el camino de sirga y continuar con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Mientras se producía el desalojo comenzaron a incendiarse, en principio, dos viviendas. Las llamas se iniciaron en medio del operativo que lleva adelante el Gobierno porteño con la Policía Federal, la Gendarmería y la Metropolitana. Un grupo de personas aceptó dejar el lugar voluntariamente.