Creo que es una de las provincias que ha liderado el proceso de mejoramiento del sistema judicial argentino, no solamente en cuanto a preocuparse de dotar de mayor y mejor infraestructura, sino impulsar modificaciones a los códigos procedimentales Penal y Civil que van a generar una mejora sustancial en los plazos y en los procedimientos. Vemos con gran satisfacción lo que se ha hecho en Santiago como política judicial. Por eso estamos acá, fundando el Consejo Federal de Justicia, aprobando su primer reglamento y autoridades, y participando de la inauguración del nuevo centro judicial. No son cuestiones del azar, sino que acompañamos al gobernador y a la familia judicial santiagueña en una instancia histórica".

¿Cómo está la relación entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, tras los recientes roces y cruces mediáticos?

En cuanto a los hechos concretos y reales, nunca hubo un gobierno que haya hecho tanto por la independencia del Poder Judicial. Aclaro siempre que independencia es de todo factor de presión, no solo político sino económico. En ese sentido, la política judicial del gobierno ha sido impecable, tuvo la valentía de remover a la anterior Corte que era una decisión que pedía la sociedad. Tuvo la valentía de reducir su número, fue el primer gobierno democrático que en vez de ampliar el número de los miembros lo redujo, de nueve a cinco, aunque ahora hay transitoriamente siete. Lo tercero, fue la autolimitación del Ejecutivo en la función de sus poderes para promover magistrados en la Corte y en los tribunales menores. Son medidas que ha celebrado toda la ciudadanía y la oposición política que incluso votó por unanimidad a los miembros de la Corte. Ahora, que haya resoluciones que abran polémicas, es así en todo el mundo. Tenemos que acostumbrarnos a opinar sobre las decisiones de los jueces, no está prohibido en la Argentina, desde el Presidente de la Nación hasta el ciudadano más joven. Después ha habido cosas que han sido polémicas como la edad jubilatoria de los jueces. Esto está en la Constitución nacional, promovido por el ex presidente Raúl Alfonsín, pero la oposición se pone mal con el Gobierno cuando un legislador propone que se cumpla con la Constitución, con la edad de retiro a los 75 (por la situación de Carlos Fayt). Son cuestiones opinables y no tienen por fin desestabilizar a algún miembro del Poder Judicial.

¿Considera que hubo fallos funcionales para obstaculizar la gestión del Ejecutivo?

Claramente hubo fallos que pusieron en suspenso medidas legítimas como los Decretos de Necesidad y Urgencia -que son atribuciones que el Presidente lo hace en ejercicio del derecho que le otorga la Constitución-, que fueron dictadas por jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo. Estos fallos impidieron, por ejemplo, que el Estado pudiera utilizar las reservas excedentes como un instrumento para cancelar deudas, que es lo más legítimo que pueda plantearse como sentido de Estado. Creo que han sido medidas judiciales desafortunadas que complicaron al país en un momento crucial como fue el lanzamiento del canje de deuda.