Temor de judiciales por intentona del Superior de aplicar el plus en negro

El alto Tribunal tendría todo definido para anunciar el próximo jueves un extra único de $500. Los empleados del Poder Judicial resaltaron que esto sería el primer paso para terminar como en Misiones. Allí los trabajadores de la Justicia cobran más del 70% del salario en negro.

"No queremos que hagan lo de los misioneros", exclamó a EL LIBERTADOR el referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Juan Carlos González. Lo dijo en referencia a la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia provincial otorgue un aumento, por única vez, para fin de año. Es que en Misiones los trabajadores del Poder Judicial perciben un 70 por ciento de sus haberes en negro, luego que desde la cúpula principal del alto cuerpo emplearan constantemente este tipo de extras no remunerativos.

Los correntinos fueron ayer a aguardar novedades tras la acordada de los jueves, con las expectativas puestas en la recomposición salarial (en blanco) del 30 por ciento prometida hace casi medio año por el presidente del STJ, Carlos Rubín. No obtuvieron respuestas, "ni siquiera algún dato que nos haga pensar que se podría avanzar sobre nuestras exigencias", expresó González.

La semana pasada habían obtenido la "excusa de que el Presupuesto no estaba promulgado y que por ello no podían determinar fondos para salarios aún. El cálculo se promulgó y aún así dilataron la cuestión", resaltó el referente gremial.

TRES PROPUESTAS

Por el momento, el Superior Tribunal manejaría tres opciones, entre las cuales no figura "ni se analiza" (como dijo alguna vez el Gobernador) una recomposición salarial. Las variables que se barajan son: otorgar un plus de $500 no remunerativo; dar un aumento del 20 por ciento por única vez en diciembre, o el pago de un doble aguinaldo.

Cualquiera de estas medidas podría provocar no sólo el enojo de los empleados judiciales, sino el de los capitostes del Gobierno provincial.

Esto porque, desde los extras que anunció y viene anunciando Cristina Kirchner, que fueron remedadas por provincias y municipios, el Ejecutivo se encargó de asegurar la imposibilidad de su aplicación en la Administración Pública.

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