En línea con lo que sucede en el país, la telefonía celular reúne la mayor cantidad de reclamos formulados por los piquenses ante la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio local. Los abonados a la TV por cable se quejan por el costo del abono.
En dicha oficina se receptan las denuncias y se tramitan vía electrónica ante la sección usuarios de cada una de las empresas denunciadas. Las empresas reciben el reclamo y accionan en consecuencia.
De acuerdo a la celeridad con que cada prestador atiende el reclamo y le da una solución al usuario, desde la oficina piquense aseguran que la firma Claro es la que más rápido y eficiente resuelve los pedidos. La comparación se establece con Movistar y Personal, las otras prestatarias privadas existentes, más lentas a la hora de ofrecer soluciones.
La intermediación que ofrece la oficina permitió a los usuarios rehabilitar servicios, efectuar bajas de líneas, hacer pases al sistema prepago, corregir cobros indebidos, objetivos casi imposibles para quienes intentan la vía del reclamo individual.
Así, además se ahorran un eventual viaje a Santa Rosa, ciudad donde todas las prestatarias poseen su oficina de atención al usuario para solucionar este tipo de inconvenientes.
El número de denuncias diarias contra la telefonía celular supera holgadamente las realizadas a otros servicios públicos. Esto se explica tanto por la cantidad de usuarios como por la frecuencia con que se usa el servicio de telefonía móvil.
Más de 400.
El número global de denuncias que formalizaron su trámite durante 2012, alcanza las 413. De este total, el 93 por ciento culminó con acuerdo entre las partes, mientras que el porcentaje restante no pudo ser resuelto del mismo modo y se desconoce su finalización dado que se trasladó a la órbita judicial.
Dentro de ese número de denuncias formalizadas, los reclamos los lideran los servicios de telefonía e internet; siguen los electrodomésticos, los planes de ahorro, las tarjetas de crédito, el transporte y por último los reclamos ante comercios locales.
Según funcionarios consultados, todas las empresas han atendido de buena manera la gestión de defensa del consumidor allanando la búsqueda de soluciones.
Destacaron que este último tiempo han aparecido denuncias en un rubro que recientemente fue incorporado a la Ley de Defensa del Consumidor: los reclamos contra los servicios de talleres mecánicos y de compradores de autos usados.
Desde la oficina afirmaron que son muy pocos los talleres y las agencias de compraventa de usados que están informados de la existencia de esta ley: la norma protege al comprador de un auto usado por 90 días desde que adquirió el vehículo contra cualquier deficiencia que aparezca en el rodado.
TV por cable.
La televisión por cable es un apartado especial. Desde la oficina local informaron que continuamente se reciben reclamos contra la prestadora de TV por cable, en su mayoría son quejas por el cobro indebido de aumentos en el abono.
La oficina reúne las presentaciones que efectúen los abonados a este servicio y remite las actuaciones a la Dirección Provincial de Comercio que está a cargo de Susana Medina. De acuerdo a la metodología descripta, esta dirección es la que presentará ante la Secretaría de Comercio nacional el cúmulo de reclamos que se efectúen en toda la provincia contra Cablevisión o sus empresas satélites.
Desde Defensa del Consumidor sugieren como mecanismo para protestar la diferencia entre lo que cobra Cablevisión por el servicio básico y lo que deberían cobrar según la Secretaría de Comercio, pagar parcialmente la factura abonando 130 pesos del total de 155 pesos.
Se apoyan en fallos judiciales recientes que obligan a Cablevisión a cobrar lo que indica la Secretaría de Comercio. El último fallo conocido es el firmado por el juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, que intimó a la empresa a que acredite en el plazo de tres días si procedió a ajustar la tarifa a lo normado por Comercio, pero Cablevisión ignoró la decisión judicial.
El origen de esta disputa judicial es la presentación de una cautelar por parte del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que, ante el pedido de legisladores y los miles de reclamos de abonados en toda la provincia, accionó contra Cablevisión. El Defensor Alberto Bonicatto advirtió que si Cablevisión continúa sin ajustar su tarifa, pasarán el caso a la justicia penal, porque se está prestando un servicio público de manera impropia.
Una consulta en Tribunales permitió establecer que ningún abonado a llevado el caso del cobro indebido del abono ante los estrados judiciales piquenses.
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