El intendente Francisco Torroba se reunió el jueves pasado con el titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Julio Rojo. El jefe comunal planteó la problemática de la deuda que adjudicatarios del IPAV tienen con la comuna y la situación social de algunos barrios.

Fuentes del Concejo Deliberante santarroseño dieron cuenta de ese encuentro, al que también asistió el secretario de Obras Públicas municipal, Diego Bosch, y en el que se pasaron revista a varios temas que involucran al municipio y al IPAV.

Uno de los principales, es la cuantiosa deuda de tasas que tienen adjudicatarios de viviendas sociales de la Provincia, referencias municipales en las que también aparece el Instituto como deudor "solidario" por ser el otorgante de la casa y el consorcio estar a su nombre, tal como lo definió la justicia en un pleito comuna-IPAV.

"Estamos hablando de muchos millones de pesos (alrededor de 32 millones de pesos) y es obvio que el municipio no puede seguir subsidiando los servicios", le dijeron a LA ARENA las fuentes vinculadas al oficialismo santarroseño.

Torroba y Rojo habrían acordado continuar con el análisis de la problemática, reconociendo el funcionario provincial el derecho de la comuna a reclamar el pago de los servicios para evitar una tendencia agudizada en los últimos años de que "hay dos cosas que no se tienen que pagar: la cuota de la casa IPAV y las tasas".

Actualmente, el valor mensual (la cuota) de una vivienda social asciende a 98 pesos (con un recupero que apenas supera el 20 por ciento) y las tasas (en base a una vivienda promedio con barrido, recolección de residuos y agua) están en un valor similar.

La Municipalidad ha implementado programas de financiamiento para los deudores de tasas, ajustado al nivel de ingresos del frentista, y de ahora en más se tratará de que todos aporten al menos una módica cantidad como forma de expresar una "real intención de asumir esa obligación".

El titular del IPAV y las autoridades santarroseñas también trataron asuntos vinculados a problemas en determinados barrios de reciente construcción en la ciudad, como es el caso del Santa María de La Pampa, donde se registran actos de vandalismo contra inmuebles públicos, agresiones contra colectivos urbanos, agresiones a recolectores de basura y distribuidores de mercaderías.

Las partes definieron conformar una comisión que trabaje coordinadamente en el seguimiento de esas manifestaciones disociadoras con la finalidad de articular los medios que permiten una normal convivencia vecinal.

El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda tiene definido un código de convivencia a seguir por los adjudicatarios de las unidades habitacionales entregadas.