El presidente de la Federación Constructora Norte, Juan Carlos Segura, tuvo duros conceptos en el Despertar al referirse al “despilfarro” de más de mil millones de pesos destinado a las Madres de Plaza y otros casos de corrupción desmedida.

“El gobierno de los Kirchner fue el más corrupto de la historia argentina” dijo Segura, y por ello volvió a flote la denuncia de Sergio Heredia sobre el accionar de Shoklender en Tartagal, luego del aluvión del 2009.

El escándalo judicial de Sueños Compartidos comenzó en 2011, cuando empezaron a investigarse las responsabilidades de funcionarios públicos vinculados con los hermanos Schoklender. Interviene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que cuenta con el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el Plan Sueños Compartidos, que entregó 1.295 millones de pesos.

La investigación estaba enfocada en probar una administración fraudulenta, en la que estarían involucrados los Schoklender, funcionarios municipales, provinciales y hasta la segunda línea de mando del Ministerio de Planificación.

La causa principal estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide hasta que fue desplazado. Ese expediente apuntaba a las maniobras de lavado de dinero que habrían realizado los Schoklender y sus allegados.

El esquema de Sueños Compartidos arrancaba en la cartera que conduce Julio De Vido, pero involucraba a los municipios o provincias, donde se conformaban las Unidades Ejecutoras, encargadas de controlar el avance de las obras y luego librar los fondos que llegaban desde Nación.

La investigación apuntó contra De Vido, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La causa judicial que investiga esos circuitos fue abierta en 2011, pero dos años antes, los salteños conocíamos la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y las obras que prometía para la Provincia.

Sin embargo, hasta la actualidad, en 2015, el supuesto hospital de Tartagal no se puso en marcha y las casas nunca se construyeron.

Por otra parte, apuntó el abogado denunciante, Sergio Heredia, que ese centro de salud además ni siquiera responde a planos propios sino que en realidad corresponden a la Provincia. Agregó además, que Sueños Compartidos tuvo que devolver las hectáreas señadas donde iban a estar las casas, perdiendo el depósito.