El Gobierno definió los aumentos que regirán a partir del 1 de junio ,pero aún no definió cómo se distinguirá por tipo de usuarios. El equipo económico trabaja contrarreloj para definir la letra chica de la segmentación y la actualización tarifaria para los servicios de luz y gas. Según pudo saber El Destape, en los últimos días hubo dos reuniones clave con asociaciones de defensa al consumidor para estructurar la medida y evitar una judicialización colectiva que trabe su puesta en marcha. El Gobierno no utilizaría criterios geográficos ara determinar la eliminación de subsidios a lo que considera el 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos y se enfocará en el cruce de datos sobre su capacidad económica. 

Estos cambios fueron propuestos por las entidades de defensa al consumidor, quienes firmaron (por amplia mayoría) un documento en el que acompañaban el mecanismo de segmentación. Ese documento es un paraguas legal ante la posibilidad de que se quiera judicializar mediante presentaciones colectivas la segmentación y, así, hacer caer el cuadro tarifario en su conjunto. Un revés judicial sobre la segmentación, bajo un posible argumento esgrimido de "discriminación" entre usuarios, podría hacer caer todo el mecanismo de ajuste, incluyendo los cuadros. 

Durante la segunda semana de mayo se llevaron a cabo las audiencias públicas, que no fueron vinculantes, para analizar los incrementos en los servicios de luz, gas y agua. En el caso de los dos primeros, la Secretaria de Energía, definió que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año. 

Cómo se definiría la tarifa

Para usuarios de electricidad del área metropolitana que tienen el beneficio, la suba no superará el 6 por ciento en promedio. A partir del año que viene se debería apicar un ajuste del 40 por ciento sobre el resultado del coeficiente de variación salarial. Por su parte, el 10 por ciento de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad con mayor capacidad de pago dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía. Para la mayoría restante se aplicará un porcentaje del 40 por ciento del coeficiente salarial. 

En un principio se había señalado que se utilizará el criterio de zonificación, pero, según pudo saber este medio, esa idea quedó descartada por problemas de heterogeneidad en el mismo lugar; con lo cual sólo se aplicaría los criterios objetivos de ingresos y capacidad económica. 

Durante las audiencias, en cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó como condición para quedar exento del subsidio tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (actualmente se ubican en 95.000 pesos para un hogar de cuatro miembros), contar con tres o más inmuebles registrados; tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años, tener aviones o embarcaciones de lujo.

En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el decil superior recibió el año pasado un subsidio promedio en electricidad de 49.452 pesos, y en gas natural de 23.312 por ciento, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de 3.258.861 pesos al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5 y 0,72 por ciento respectivamente. Eliminar estos subsidios permitiría al ministro de Economía, Martín Guzmán, lograr un 0,3 por ciento del PIB. 

El lugar no importa

Luego de las audiencias, desde la Secretaría de Energía se convocó a las asociaciones de consumidores para escuchar sus posiciones, siendo quienes pueden llegar a encabezar una acción colectiva contra la medida. La primera reunión fue el lunes 16 y la segunda el martes 24 de mayo, luego de que finalizaran las audiencias públicas, y estuvieron encabezadas por el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio. En esos encuentros se presentaron varios desacuerdos y puntos a mejorar sobre la segmentación, las cuales, fueron tomadas en cuenta por López Osornio.

"Una de las primeras cosas que planteamos es nuestra negativa a la zonificación catastral, por el cual, decimos que no toma en cuenta las situaciones y valoraciones económicas de las personas y no el valor de la propiedad", explicó a El Destape Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. 

Según expusieron en esas charlas, puede tratarse de una propiedad alquilada o una persona que viva de prestado en el lugar. Desde la Secretaria de Energía reconocieron que solo lo habían pensado para Capital y Gran Buenos Aires, considerando especialmente barrios cerrados o edificios muy emblemáticos de avenida Libertador, por ejemplo. "Ese criterio no va a avanzar", confirmaron a este medio. En cambio, se enfocará solamente en criterios objetivos de ingresos y capacidad económica. 

Desde la dependencia que conduce Darío Martínez se discutió sobre la posibilidad de que haya balances falsos; es decir, personas que no tienen declarados todos sus ingresos. Desde las entidades le plantearon que esos subregistros de ingresos pueden irse incluyendo a medida que se encuentran y que más peligroso es quitarle subsidios a un hogar solo por vivir en una zona 'paqueta' de la Ciudad.

"La preocupación son esos casi 50.000  usuarios que viven en zonas de alto poder adquisitivo pero no son hogares de altos ingresos", alertó Boada. El Gobierno estima que ese 10 por ciento de hogares incluye a más 900.000 usuarios de luz y más 600.000 para el gas. Los cambios, aunque impidan sacarlo antes del 1 de julio, buscan evitar que salga con tan alto nivel de improvisación, podría ser un riesgo que repercuta socialmente en contra de la aplicación del cuadro.

"Estudiamos eso y creemos que no es viable una acción colectiva. Al menos es mi percepción personal después de haberlo charlado en nuestra asociación; aunque hubo algunas entidades que anticiparon la posibilidad de tomar ese tipo de acciones". detalló Boada.

Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), explicó a El Destape que "la posibilidqad de litigios siempre está". "Todos sabemos que las audiencias públicas se convirtieron en una formalidad", agregó González, para quien "la postura del Estado tampoco es tan clara; como el tema de la segmentación". 

"Para algún particular es viable. o por lo menos es planteable en la Justicia. el particular no frena todo si no su caso. Sólo una acción colectiva puede frenar los aumentos. Pero tenemos una historia del macrismo que llevó aumentos del 2500 a 3500 por ciento, con picos de 5000 por ciento dependiendo el consumo (actividad y categoría) en cuatro años. Los actuales fueron moderados, hubo congelamiento de tarifas, suspensión de cortes y el año pasado sólo un 9 por ciento. Ahora sique siendo moderado". explicó Boada.

Según pudo saber este medio, las asociaciones firmaron un documento diciendo que estos aumentos que estuvieron dando "no habían influido sensiblemente en el bolsillo de los usuarios". "Hay un montón de medidas, tomadas por las mismas asociaciones en las audiencias públicas. Hay una discusión de la razonabilidad, pero no hay cuestionamientos de la legalidad o nulidad", agregó el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Héctor Polino, de Consumidores Libres, tampoco ve la posibilidad de llevar a la Justicia la segmentación o los cuadros tarifarios, aunque se quejó de que solo se dieran cinco minutos para exponer en las audiencias.  "Todos estamos en contra de la oportunidad y pedimos que las herramientas estén más pulidas, pero eso no implica que estemos en contra del sistema de segmentación", agregó Boada.