Desde enero pasado, cuando que el Municipio capitalino presentó el proyecto -hoy ordenanza-de actualización de la Tabla Tarifaria y el Código Fiscal municipal, que las cámaras empresariales rechazaron la iniciativa económica.

Ahora que la norma ya fue aprobada por el Concejo Deliberante, está promulgada por el Ejecutivo y entrará en vigencia a partir del 1 de junio; los privados aseguran que acudirán a la Justicia para que frenen la aplicación de la nueva ordenanza.

El intendente capitalino Carlos Mauricio “Camau” Espínola dijo ayer que su administración se está juntando con jurisprudencia nacional, ejemplos de municipios de todo el país que aplican desde 1956 una estructura fiscal similar y que están listos para dar la batalla judicial.

“Seguramente se judicializará, y nosotros apelaremos a todas las herramientas necesarias para implementar la ordenanza”, dijo ayer “Camau” a época tras el acto en el que presentó -junto a autoridades de la UNNE- proyectos de PYME con base tecnológica financiadas por la comuna y la Universidad (ver página 16).

Además de defender la nueva estructura que tendrá la Tasa de Seguridad e Higiene, por la que los comercios deberán pagar una alícuota (general del tres por mil sobre los Ingresos Brutos) de acuerdo a sus facturaciones totales, Espínola habló de un “lobby” político y empresarial que se resiste al cambio fiscal y que intenta obstruir los mecanismos para que su gestión obtenga más recursos económicos para invertir en obras y servicios.

“Entendemos la defensa de sus intereses que hace el sector, pero no compartimos las metodologías de lobby y presiones políticas que se utilizaron para que esto no salga del Concejo”, disparó el jefe comunal capitalino.

“Si lo quieren llevar a la Justicia, que lo hagan. Nosotros vamos a defender el proyecto, porque es una medida justa y equitativa de distribución de las cargas impositivas, y es positivo para los medianos y pequeños comercios. Y una herramienta que nos ayudará para seguir haciendo obras. Estamos mirando hacia el futuro, para sacar esta ciudad adelante, que necesita de la colaboración de todos”, añadió Espínola.

Los privados alistan el plan tribunalicio

El gerente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Daniel Cainzos, confirmó ayer a época que la asesoría legal de la entidad que agrupa a los empresarios está elaborando la estrategia, y que en los próximos días harán la presentación a la Justicia.

APICC, igual que otras entidades empresariales como FECOR y FEC, sostiene que la ordenanza es “inconstitucional”, porque -según los privados- “impone una doble tributación” por Ingresos Brutos. Uno el que tributan a Rentas provincial, y otro el que ahora deberán pagarle a la Comuna capitalina.

Cainzos adelantó a este diario que atacarán “toda la ordenanza”, y que en especial buscarán que la Justicia impida la aplicación de la nueva estructura de la Tasa de Seguridad e Higiene, cuya vigencia está prevista para el 1 de julio.

“Pero además vamos a cuestionar la forma en que se aprobó la ordenanza, que para nosotros se incurrieron en varios errores de forma que anularían la norma”, señaló el gerente de APICC.

Efectos colaterales

El apoyo de ediles del Partido Liberal (PL) José Marun y Gisella Gasparini a la actualización tarifaria -contra la orden del Comité Ejecutivo del PL que les exigió rechazar la iniciativa- trajo consecuencias inesperadas.

Hoy el Comité Ejecutivo del PL se reunirá y podría dictar la intervención partidaria del Comité Capital, por la desobediencia de los concejales.

Mientras que Marun y Gasparini defenderán su postura en una conferencia de prensa a las 11, en el hotel Plaza.