El Secretario de Economía se reunirá el lunes con representantes de privados para ver si saldan diferencias sobre el proyecto. Los empresarios pedirán la eliminación de la “movilidad” de la tasa de Seguridad e Higiene, o irán a la Justicia para frenar su aplicación.
La administración del intendente Carlos Mauricio Espínola ya tomó nota del revuelo que generó la iniciativa, y por eso invitó a los representantes de las diferentes cámaras empresariales a una reunión para el próximo lunes 7 por la mañana.
Representantes de APICC, FECORR, Federación Económica, Cámara de la Construcción, Sociedad Rural, Colegio de Abogados, Ciencias Económicas, Usuarios y Consumidores, entre otros, serán recibidos por el Secretario de Economía, Lucas Ferrero, a quien le pedirán que borre del proyecto la ‘movilidad‘ que la Comuna pretende darle a la tasa de Seguridad e Higiene.
Si no consiguen una respuesta positiva, los comerciantes comenzarán a dialogar con los diferentes bloques de concejales, para que modifiquen la iniciativa durante el debate en Extraordinarias. Además tendrán la posibilidad de exponer sus reparos a la iniciativa en la Audiencia Pública (ver página 4).
El Municipio de Capital busca un aumento de entre el 30% y el 60% de los montos fijos que hoy tienen algunas tasas, con el argumento de que están congeladas desde el 2006. Planteará además modificar la metodología de cobro de otras cargas impositivas, como la de Seguridad, Inspección e Higiene; que es lo que mayor rechazo generó de parte de empresarios y comerciantes.
Actualmente esta tasa tiene un valor fijo, que se paga de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tenga un comercio. Y la intención del Ejecutivo es que pase a tener un ‘valor móvil‘ que será calculado sobre un porcentaje de las ventas: el 0,3% sobre 1.000 sobre los Ingresos Brutos. Ejemplo: por cada $100 de venta un comercio debería pagar $0,30 centavos por Seguridad e Higiene.
Este último punto es criticado por los empresarios, comerciantes y demás sectores privados; que además se niegan a pagar más dinero por impuestos comunales. Consideran que es ‘inconstitucional‘ lo que pretende hacer el Municipio, porque la comuna ‘no tiene facultad constitucional para crear impuestos‘, dicen.
Plantean que, tal como se establece que será la fórmula de cálculo (el 0,3% sobre 1.000 sobre los Ingresos Brutos), la comuna pretende hacerles pagar un impuesto que ellos ya le tributan a la Provincia. Los privados dicen que -según sus cálculos- el Municipio pretende hacerse de $60 millones al año de una ‘manera muy facilista‘. En tanto que desde el Municipio dijeron a época que si el proyecto es aprobado tal como está -actualización de los cargos fijos más la movilidad de la tasa cuestionada- el aumento en la recaudación no llegaría a los $10 millones al año.
La última instancia a la que piensan llegar los empresarios capitalinos, en el caso de que el proyecto de Tarifaria sea aprobado con la movilidad de la tasa de Seguridad, Inspección e Higiene, es la de apelar a la Justicia para que se dicte la inconstitucionalidad y frenar así su aplicación.
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